Paraguay intervino Ueno Bank y suspendió sus operaciones: casi tres millones de clientes afectados
El Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso este martes 3 de noviembre la intervención de Ueno Bank, una de las principales entidades financieras del país vecino, luego de detectar un importante deterioro en sus indicadores de solvencia. La medida implica la suspensión de todas sus operaciones y afecta a cerca de tres millones de clientes.
La decisión fue adoptada por unanimidad por el directorio del organismo monetario el lunes 2 de noviembre y comunicada durante la madrugada del martes. Según explicaron las autoridades, el índice de solvencia del banco había caído por debajo del 50% del mínimo exigido por la normativa vigente, tras una serie de ajustes realizados sobre sus estados financieros durante un proceso de regularización.
La medida se enmarca en la Ley 2.334/03 y establece un procedimiento para determinar la situación patrimonial de la entidad, preservar sus activos y establecer mecanismos para proteger a los depositantes.
Cuentas, tarjetas y operaciones suspendidas
Con el inicio del procedimiento quedaron inhabilitados los servicios habituales de Ueno Bank. Los clientes no pueden realizar transferencias, operar con sus cuentas ni utilizar tarjetas de crédito o débito. Tampoco está disponible la aplicación bancaria.
La Superintendencia de Bancos desplegó alrededor de 120 funcionarios para intervenir en las sucursales y comenzar la verificación de los activos y pasivos de la institución.
El procedimiento tiene un plazo inicial de 15 días corridos, hasta el 17 de noviembre, con posibilidad de extenderse por otros 15 días mediante una resolución fundada.
Qué pasará con los depósitos
Uno de los principales interrogantes es qué ocurrirá con los ahorros de los clientes. El Fondo de Garantía de Depósitos de Paraguay contempla una cobertura de hasta 75 salarios mínimos mensuales por depositante y entidad financiera.
Actualmente, ese límite equivale a 228.300.000 guaraníes, aproximadamente 38.000 dólares. Desde el Banco Central aseguraron que los depósitos comprendidos dentro de ese monto están garantizados y que el plazo legal para su restitución es de hasta 15 días.
Las autoridades también solicitaron a los clientes que no concurran a las sucursales ni realicen gestiones presenciales hasta que se informe oficialmente el mecanismo para recuperar los fondos.
Los saldos que superen el límite de cobertura quedarán sujetos al proceso de liquidación de los activos de la entidad, con un orden de prioridades establecido por la legislación paraguaya.
Las deudas siguen vigentes
Desde el Banco Central aclararon que la suspensión de las operaciones no implica la desaparición de las obligaciones financieras. Los préstamos, las cuotas pendientes y los consumos realizados con tarjetas deberán continuar pagándose ante las entidades o los administradores que se designen durante el procedimiento.
En el caso de los jubilados que perciben sus haberes a través de Ueno Bank, las autoridades garantizaron la continuidad de los pagos, aunque deberán realizar un reempadronamiento para habilitar una cuenta en otra institución.
Las señales que anticiparon la intervención
La decisión se produjo luego de varios meses de observaciones sobre la situación financiera del banco, perteneciente al Grupo Vázquez. Entre los cuestionamientos figuraban presuntos préstamos por encima de los límites legales a empresas vinculadas al mismo grupo económico y una importante concentración de fondos públicos.
Según explicó Liana Caballero, integrante del directorio del BCP, las observaciones de la Superintendencia de Bancos comenzaron en junio y las revisiones de las carpetas crediticias derivaron en reclasificaciones que modificaron los indicadores de solvencia.
Incluso, días antes de la intervención, los accionistas habían anunciado un plan de capitalización de 100 millones de dólares, con un primer desembolso de 50 millones previsto para noviembre. Sin embargo, ese aporte no logró evitar la medida.
En paralelo, la Fiscalía General del Estado abrió una investigación penal para analizar posibles irregularidades en la gestión de la entidad, mientras cuatro fiscales quedaron a cargo de las actuaciones.