Investigan si el Gobierno usó fondos públicos para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de la Argentina
La Justicia Federal busca determinar si el Gobierno nacional utilizó recursos del Estado argentino para facilitar la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil hacia Estados Unidos tras su derrota electoral.
La investigación también apunta a establecer si hubo participación de funcionarios. La fiscal Paloma Ochoa solicitó formalmente abrir una investigación penal para esclarecer si el Poder Ejecutivo utilizó dinero o recursos estatales para colaborar con la salida del senador brasileño.
El pedido fue presentado ante la jueza María Eugenia Capuchetti, quien ya intervenía en las actuaciones preliminares por una posible participación de funcionarios del Gobierno Nacional.
El expediente se inició a partir de una denuncia del dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, contra el presidente Javier Milei y otros integrantes del espectro estatal por presunto encubrimiento.
Entre las medidas solicitadas se encuentran pedidos de información a la Dirección Nacional de Migraciones y a Cancillería para conocer qué controles se realizaron y si las autoridades estaban al tanto de las restricciones judiciales que pesaban sobre Bolsonaro.
La investigación busca establecer si existió una colaboración desde el Estado argentino y, en ese caso, quiénes intervinieron, qué recursos se utilizaron y bajo qué autorización.
El eje no está solamente en cómo Bolsonaro logró salir del país, sino también en si para hacerlo se pusieron a disposición recursos que pertenecen al Estado y se financian con fondos públicos.
La fiscal Ochoa busca determinar si hubo una utilización de la estructura estatal para facilitar el traslado del brasileño, en una maniobra que podría exceder una eventual irregularidad migratoria.
Entre las hipótesis planteadas en las denuncias aparecen posibles delitos como peculado, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
Uno de los aspectos centrales será reconstruir si hubo coordinación entre distintas áreas del Poder Ejecutivo y si se destinaron recursos estatales para garantizar los movimientos de Bolsonaro y su familia.
Las presentaciones apuntan a establecer también si existieron instrucciones políticas para facilitar el operativo o si hubo funcionarios que omitieron deliberadamente los controles que les correspondían.