Santiago Peña no se presentó ante el Senado y sus abogados asumieron su defensa en el juicio político

Los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda expusieron ante la Cámara de Senadores luego de que el Congreso rechazara el pedido de prórroga de 72 horas solicitado por el mandatario. La defensa cuestionó la legalidad del procedimiento y sostuvo que la renuncia presentada por Peña debería poner fin al proceso.

La crisis política e institucional en Paraguay sumó este viernes un nuevo capítulo. El presidente Santiago Peña no compareció personalmente ante la Cámara de Senadores, donde se desarrolla el juicio político en su contra, y fue representado por sus abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda.

La presentación de los defensores se produjo después de que el Senado rechazara el pedido de prórroga de 72 horas solicitado por el mandatario para preparar su descargo. La decisión fue adoptada por unanimidad, con 41 votos a favor de continuar el procedimiento y ninguno en contra.

Peña había solicitado más tiempo al considerar insuficiente el plazo otorgado para analizar la acusación y la documentación incorporada al expediente. Sin embargo, tras la negativa legislativa, sus representantes legales acudieron al Congreso para ejercer la defensa técnica.

Durante sus exposiciones, ambos abogados cuestionaron las condiciones en las que se lleva adelante el juicio político y plantearon objeciones tanto jurídicas como procesales.

La defensa cuestionó el juicio político y pidió que se considere la renuncia

Uno de los principales argumentos presentados por Adolfo Ferreiro fue que el juicio político debería extinguirse a partir de la renuncia de Santiago Peña a la Presidencia.

El abogado sostuvo que este mecanismo constitucional tiene como finalidad separar de sus funciones a determinados altos funcionarios y que, si el mandatario ya presentó su dimisión, el procedimiento perdería su objeto.

También cuestionó que el Congreso continúe con el proceso y advirtió que una eventual condena podría derivar en reclamos ante organismos internacionales por una presunta vulneración del debido proceso y del derecho a la defensa.

Por su parte, Ricardo Preda calificó de deficiente el escrito acusatorio y cuestionó que se utilicen publicaciones periodísticas como sustento de las imputaciones sin que, según su planteo, existan suficientes diligencias de investigación y comprobaciones documentales.

Además, denunció que el equipo jurídico no contó con el tiempo necesario para estudiar las acusaciones, revisar las pruebas y preparar una respuesta adecuada.

La defensa advirtió que, si el procedimiento continúa en esas condiciones, podría recurrir a la Corte Suprema de Justicia y a organismos internacionales, incluida la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

 

El Senado admitió las pruebas y se prepara para la etapa decisiva

Pese a los cuestionamientos de la defensa, los senadores resolvieron incorporar la totalidad de las pruebas presentadas por la comisión acusadora de la Cámara de Diputados. La decisión fue aprobada por unanimidad, con 41 votos a favor y ninguno en contra.

Posteriormente, el presidente del Senado, Basilio Núñez, dispuso un cuarto intermedio de 45 minutos para coordinar el desarrollo de la siguiente etapa del procedimiento.

Al finalizar la pausa, estaba previsto que expusieran los diputados que integran la comisión fiscal acusadora, quienes deberán fundamentar los cargos contra el mandatario. Luego se avanzará hacia la deliberación y la votación nominal de la sentencia definitiva.

 

La crisis de Ueno Bank y las acusaciones contra Peña

El juicio político se originó en la crisis financiera desatada por la intervención de Ueno Bank, una entidad digital que tenía cuentas de aproximadamente la mitad de la población paraguaya.

Entre los principales cuestionamientos contra Peña figuran presuntos conflictos de intereses por sus antiguos vínculos comerciales con Ueno Holding, la designación de Carlos Carvallo al frente del Banco Central del Paraguay —quien había dirigido anteriormente Financiera Ueno— y una supuesta intervención en decisiones regulatorias.

También se le atribuye haber permitido una concentración de fondos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank por encima de los límites establecidos por la normativa.

Las acusaciones incluyen además presuntas irregularidades vinculadas con modificaciones a la legislación sobre conflictos de intereses. Peña negó haber cometido irregularidades y sostuvo que la crisis corresponde a un problema regulatorio.

  1. Cámara de Diputados del Paraguay+1

La situación también tiene consecuencias institucionales: aunque Peña presentó su renuncia el jueves, el Senado todavía no la aceptó formalmente. Por ese motivo, continúa ejerciendo la Presidencia mientras avanza el juicio político. El vicepresidente Pedro Alliana permanece a la espera de asumir la sucesión.

 

Protestas y tensión política en las calles de Asunción

Mientras se desarrollaban los alegatos en el Congreso, cientos de personas se concentraron en distintos puntos de Asunción para reclamar la destitución del presidente y exigir respuestas por la crisis bancaria.

Las movilizaciones se extendieron a las inmediaciones del Congreso Nacional, la Plaza de Armas, el Ministerio de Trabajo y la sede del Banco Central del Paraguay.

Entre los reclamos también se encuentran la devolución de los ahorros afectados por la intervención de Ueno Bank y garantías para los depositantes que todavía no pueden acceder a sus fondos.

La crisis afecta especialmente a jubilados y beneficiarios que recibían sus prestaciones a través de la entidad financiera. Según Reuters, algunos clientes comenzaron a recuperar su dinero, mientras las autoridades buscan contener el impacto sobre el sistema financiero.

 

La definición del juicio político podría marcar un punto de inflexión en la crisis paraguaya, tanto por el futuro institucional del Gobierno como por las consecuencias políticas y judiciales del caso Ueno Bank.

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