Paraguay: el juicio político contra Santiago Peña entra en su etapa decisiva tras el rechazo a los cuestionamientos de su defensa

La Cámara de Senadores de Paraguay avanzó este viernes con el juicio político contra el presidente Santiago Peña y dejó atrás los principales planteos de su defensa. En una votación unánime de 41 legisladores, el cuerpo admitió la totalidad de las pruebas presentadas por la comisión acusadora de Diputados y habilitó el inicio de los alegatos fiscales.

La decisión se tomó después de una extensa exposición de los abogados Adolfo Ferreiro y Ricardo Preda, quienes cuestionaron la legalidad del procedimiento, la suficiencia de las pruebas y el tiempo otorgado para preparar el descargo del mandatario.

Peña no se presentó personalmente ante el Congreso. Sus representantes legales comparecieron en su nombre y solicitaron que se tuviera en cuenta la renuncia presidencial que había presentado el jueves, bajo el argumento de que el juicio político ya no tendría objeto.

Sin embargo, los senadores resolvieron continuar con el procedimiento. La sesión ingresó así en una instancia determinante, previa a la deliberación y votación que definirá si el mandatario es destituido.

El Senado rechazó la prórroga de 72 horas

Uno de los primeros puntos de conflicto fue el pedido de Peña para obtener otras 72 horas antes de presentar su defensa.

El presidente había argumentado que recibió la notificación del proceso a las 22:15 del jueves, junto con un escrito acusatorio de 15 páginas y aproximadamente 300 fojas de documentación. Consideró que disponer de menos de 12 horas para analizar el expediente vulneraba su derecho constitucional a la defensa.

El Senado rechazó la solicitud con 39 votos en contra, tres a favor y dos abstenciones. De esta manera, mantuvo el cronograma previsto y permitió que la defensa técnica expusiera sus argumentos durante la jornada.

Los abogados cuestionaron también el contenido de la acusación. Ferreiro sostuvo que la renuncia presentada por Peña debería ser considerada por el Congreso y que continuar con el juicio podría generar reclamos ante organismos internacionales por una eventual vulneración del debido proceso.

Por su parte, Preda puso en duda la solidez de las pruebas y rechazó que se atribuyera al presidente responsabilidad directa por las decisiones regulatorias y financieras vinculadas con Ueno Bank.

Los 41 senadores aprobaron incorporar las pruebas acusatorias

Después de escuchar a los representantes legales, la Cámara Alta pasó a resolver la admisión de los elementos probatorios presentados por los fiscales acusadores.

El resultado fue contundente: 41 votos a favor y ninguno en contra. De esta forma, quedaron incorporados al expediente los documentos, informes y antecedentes aportados por la comisión de Diputados.

La decisión representó un revés para la estrategia de la defensa, que había cuestionado la calidad y el sustento de las pruebas.

Tras la votación, el presidente del Senado, Basilio Núñez, dispuso un cuarto intermedio de 45 minutos. Luego se reanudó la sesión extraordinaria para escuchar los alegatos de los legisladores encargados de sostener las acusaciones.

Qué argumentan los fiscales para pedir la destitución

Entre los principales ejes de la acusación aparecen los presuntos vínculos de Peña con el entorno empresarial de Ueno, la intervención del Gobierno en decisiones financieras y el crecimiento de los fondos públicos depositados en esa entidad.

Durante su exposición, el diputado y fiscal acusador Raúl Benítez presentó un gráfico sobre la evolución de los depósitos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank.

Según los datos expuestos por el legislador, los fondos pasaron de unos 70.000 millones de guaraníes en septiembre de 2023 a un máximo de 2,15 billones en abril de 2026. Benítez sostuvo que ese incremento estuvo relacionado con decisiones administrativas y modificaciones regulatorias adoptadas durante la gestión de Peña.

La diputada Rocío Vallejo también defendió la validez de las pruebas y cuestionó los argumentos de los abogados. Sostuvo que las acusaciones no se basan únicamente en publicaciones periodísticas, sino en resoluciones oficiales y documentación incorporada al expediente.

Por su parte, el diputado Carlos Núñez solicitó que el Senado declare la responsabilidad política del mandatario por mal desempeño de sus funciones, disponga su destitución y remita los antecedentes a la Justicia ordinaria para investigar posibles responsabilidades penales.

Los legisladores acusadores también apuntaron a la presunta utilización de instituciones públicas en beneficio de intereses financieros particulares. Se trata de acusaciones que todavía deben ser resueltas por el tribunal parlamentario y que Peña niega.

La renuncia de Peña y la disputa por su continuidad en el cargo

Otro de los puntos centrales del conflicto es la renuncia que Santiago Peña presentó el jueves, en medio del avance del juicio político.

La dimisión no fue aceptada formalmente por el Congreso debido a que una sesión bicameral quedó sin quórum después de que legisladores oficialistas abandonaran el recinto.

Por ese motivo, el mandatario continúa ejerciendo formalmente la Presidencia y sus defensores sostienen que el Congreso debería resolver primero su situación institucional.

Sin embargo, sectores de la oposición rechazan que la renuncia interrumpa el juicio político. Argumentan que una eventual aceptación podría permitirle a Peña acceder a la condición de senador vitalicio y conservar los fueros correspondientes.

La definición del Senado, por lo tanto, no solamente determinará la continuidad o no de Peña en el Poder Ejecutivo, sino que también tendrá consecuencias sobre su situación institucional y las eventuales investigaciones judiciales.

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Protestas y tensión en las calles de Asunción

Mientras se desarrollaba la sesión legislativa, las protestas continuaron en distintos sectores de la capital paraguaya.

Cientos de manifestantes se concentraron en la Plaza de Armas, frente al Congreso Nacional, y en las inmediaciones del Ministerio de Trabajo y del Banco Central del Paraguay.

Los reclamos están vinculados tanto con la situación política del presidente como con las consecuencias de la crisis de Ueno Bank, que dejó a numerosos ahorristas sin acceso normal a sus fondos.

La situación también provocó renuncias dentro del Gobierno y un fuerte cuestionamiento a los organismos encargados de supervisar el sistema financiero.

Con los alegatos acusatorios en marcha, el Senado se encamina hacia la votación que deberá resolver el futuro de Santiago Peña. Hasta el último reporte de la jornada, todavía no se había anunciado una sentencia definitiva.