Impacto de un nuevo año sin Presupuesto Nacional: "Más rienda suelta para Milei"
La segunda prórroga del Presupuesto 2023, que implica otro año más sin ley de leyes, no solo despertó críticas en la oposición al Gobierno nacional sino también entre especialistas del mundo de las finanzas públicas. Se trata de un paso más en el deterioro institucional nacional y refleja de lleno el cuadro de desintegración de los consensos mínimos al interior de los partidos políticos de la Argentina. Nunca antes en la historia nacional se había dado el ejercicio de gobierno sin presupuesto nacional durante dos años consecutivos.
Sí sucedió desde la sanción de la Ley Nº 24.156, en septiembre de 1992, que define el marco general y los aspectos procedimentales más relevantes del Sistema de Administración Financiera del Sector Público Nacional, que en otras cinco oportunidades se inició un ejercicio presupuestario sin que hubiera una Ley de Presupuesto aprobada. Pero nunca se apilaron dos períodos con esta carencia institucional. Para Milei, implica más rienda suelta a la hora de serruchar el gasto público y direccionar partidas según sus necesidades políticas, aunque le baja el precio del ajuste ante el FMI y «el mercado».
Retroceso
“Esta circunstancia constituye un retroceso en la institucionalidad del Sector Público Nacional y refleja la imposibilidad de alcanzar los acuerdos mínimos necesarios que permitan contar con la norma más importante para la gestión anual de gobierno”, advierte un comunicado publicado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera (ASAP).
Con relación al impacto más concreto de gobernar sin presupuesto, el informe de ASAP destaca que “el Presupuesto incluye las autorizaciones máximas de gasto y el cálculo de los recursos para atenderlos, contempla los niveles prestacionales en términos físicos y define la meta de resultado financiero.
También autoriza la emisión de nueva deuda pública, incluye el plan de obras en infraestructura, contempla disposiciones que afectan a distintos actores económicos del sector privado, establece los recursos financieros que recibirán las provincias, los municipios y las empresas públicas en concepto de transferencias, contiene pautas de evolución de los salarios públicos y de las jubilaciones y pensiones, incorpora definiciones de la política de empleo público y contempla aspectos funcionales del Estado Nacional, entre otras cuestiones”.