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Denunciaron a Caputo, Adorni y Sturzenegger por el vaciamiento de Vialidad Nacional

La presentación judicial acusa al Gobierno de desviar fondos que debían usarse para arreglar rutas. Advierten abandono, obras frenadas y un fuerte deterioro de la red vial en todo el país.
lunes 25 de mayo de 2026

Una denuncia penal presentada en la Justicia Federal puso en la mira a funcionarios del gobierno de Javier Milei por el presunto desvío de fondos destinados a Vialidad Nacional. Entre los apuntados aparecen el ministro de Economía, Luis Caputo, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

La denuncia fue impulsada por trabajadores y profesionales de Vialidad Nacional, quienes sostienen que el Gobierno retuvo cerca de 400 mil millones de pesos que, por ley, debían destinarse al mantenimiento y mejora de las rutas nacionales. Según plantearon, ese dinero habría sido usado para cubrir necesidades del Tesoro mientras las rutas quedaron cada vez más abandonadas.

Desde el gremio señalaron que la falta de inversión ya está generando consecuencias graves: pozos, banquinas destruidas, rutas sin señalización y obras paralizadas en distintos puntos del país. También alertaron que muchas empresas dejaron de trabajar porque el Estado dejó de pagar contratos que ya estaban en marcha.

La presentación judicial sostiene además que el vaciamiento de Vialidad viene acompañado de despidos, jubilaciones forzadas y presión sobre trabajadores técnicos del organismo. Según denunciaron, el objetivo sería achicar el área para avanzar con la privatización y entrega de corredores viales a empresas privadas.

En paralelo, remarcaron que el deterioro de las rutas aumenta el riesgo de accidentes y complica el transporte en las provincias. “Dejar las rutas destruidas termina costando mucho más caro después”, advirtieron desde el sector, al explicar que reparar una ruta totalmente dañada puede salir hasta diez veces más que mantenerla en condiciones.

La causa quedó radicada en un juzgado federal y ahora la Justicia deberá determinar si existió malversación de fondos públicos, fraude contra el Estado y otras irregularidades en el manejo de los recursos destinados a la infraestructura vial.

Mientras tanto, crece la preocupación por el estado de las rutas nacionales y por el impacto que el ajuste del Gobierno nacional está teniendo sobre áreas clave para la seguridad y la conectividad de millones de argentinos.