La eliminación del Prodaf es una medida altamente perjudicial para los pequeños productores y la agricultura familiar en todo el país
La primera semana de enero, a través del Decreto 6/2025 publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional anunció la disolución de tres fondos fiduciarios a los que definen como “cajas de la política” y del gasto público difíciles de controlar.
Uno de ellos el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), fondo que desde su creación en 2013 “apoyó la incorporación de nuevas tecnologías y ofreció asistencia técnica y capacitación en materias de tecnologías, en acceso al financiamiento y en gestión asociativa y comercial”, según indica la web oficial.
La eliminación del Prodaf es una medida altamente perjudicial para los pequeños productores y la agricultura familiar en todo el país, pero sobre todo para el consumo interno teniendo en cuenta que se trata del área productiva que genera entre el 60% y 70% de los alimentos frescos que consumen las y los argentinos, y necesita del Estado para subsistir ante los grandes exportadores.
Ya en marzo de 2023 había sufrido un primer embate luego del cierre del Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e indígena (INAFCI) que era la única política pública vigente en Argentina dedicada a desarrollar y profesionalizar a un sector hiper vulnerabilizado y poco capitalizado como es el rural y campesino.
El PRODAF contaba con financiamiento externo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) de US$22.676.041, y el fondeo local parte del Gobierno nacional y de las provincias por US$2.008.319. Se aplicaba para la adopción de mejoras tecnológicas que aumenten la productividad, e incrementen la eficiencia y la calidad de los productos; facilitando el acceso al crédito para cofinanciar sus inversiones; también fortaleciendo el asociativismo entre los productores, lo que se traducía en el mejoramiento en el uso de los recursos naturales, la producción y la comercialización.
Se calcula que llegaba a 2.375 productores agropecuarios, que representan a unos 8.000 pobladores rurales que tuvieron un incremento en el ingreso agrícola, bajo un paradigma que tiene en cuenta el cambio climático y marcada mirada de genero por lo que fomentaba la participación activa de jóvenes y mujeres.
Desde la Secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, como Autoridad de Aplicación del Programa, informaron que “el Fondo cumplió su propósito y que desde 2020 no se han registrado desembolsos, confirmando que su ejecución ha finalizado, motivo por el cual se propuso su disolución”. Sin embargo, referentes del sector denuncian que se trata de una medida orientada a destruir la agricultura familiar y quebrar los lazos de asociativismo, con el objetivo de concentrar la producción de alimento en pocas manos.
Aníbal Duarte, representante de Productores Bonaerenses de Alimentos e integrante de la Federación Argentina de Cooperativas Apícolas y Agropecuarias Ltda (FECAAL), cuestiona la decisión de disolver el Programa y advierte que, además de generar el desmejoramiento de la producción dejando a cientos de trabajadores y trabajadoras en la calle, el Gobierno tiene la “intención de desfinanciar todo tipo de política social y productiva que esté relacionado con el bienestar del pueblo argentino”.