A pesar de los aumentos, el Gobierno descarta una baja de impuestos a los combustibles

El Gobierno nacional decidió no avanzar con una baja de impuestos a los combustibles, aun cuando los precios de la nafta y el gasoil acumulan aumentos cercanos al 15% en marzo, en un contexto internacional marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente.

En el Ministerio de Economía descartan, al menos por ahora, utilizar herramientas fiscales para contener el impacto en los surtidores. La prioridad oficial es sostener el superávit fiscal como eje central del programa económico, incluso frente al riesgo de trasladar mayores costos a los consumidores.

En ese marco, el equipo económico evita modificar el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), dos variables que podrían amortiguar los incrementos. Sin embargo, analizan una alternativa intermedia: postergar las subas mensuales de estos tributos, que en los últimos meses venían sumando alrededor de un 1% adicional al precio final.

Los datos fiscales refuerzan la postura. En el primer bimestre de 2026, la recaudación por impuestos a los combustibles alcanzó los $870.558 millones, equivalentes a más de 600 millones de dólares. Aun así, el Gobierno mantiene un atraso impositivo significativo: unos $89,40 por litro de gasoil y $212,50 por litro de nafta, lo que implica resignar ingresos estimados en 200 millones de dólares mensuales.

Desde la visión oficial, intervenir para frenar subas derivadas de factores externos —como la tensión entre Israel, Estados Unidos e Irán— podría afectar la credibilidad del esquema económico. Por eso, también descartan subir retenciones por encima del 8% o regular el precio interno del petróleo.

La postura contrasta con decisiones adoptadas en la región, como las del presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien optó por intervenir en el mercado energético.

Mientras tanto, el Ejecutivo busca dar señales de previsibilidad a las petroleras y se reserva una herramienta de última instancia: la posibilidad de limitar exportaciones de hidrocarburos ante eventuales riesgos de abastecimiento interno, una facultad contemplada en la reglamentación de la Ley Bases. Por ahora, esa opción tampoco será utilizada.