Caso $LIBRA: remiten al Juzgado de María Servini una denuncia presentada en el fuero penal económico
La causa $LIBRA - que involucra al presidente Javier Milei por la promoción de la criptomoneda - suma un nuevo capítulo en su investigación. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky había recibido una nueva denuncia en la que, finalmente, declinó la competencia y envió al fuero federal porteño, al Juzgado de María Servini. La presentación fue hecha por el abogado y también ex juez del fuero Guillermo Tiscornia y acusa al Presidente por el delito de “agiotaje”.
La causa se suma a la que ya lleva Servini, que se inició con anterioridad y se encuentra en la investigación de medidas de prueba. La acusación había sido presentada en el fuero penal económico por el delito de “agiotaje”. Sin embargo, Aguinsky remitió la denuncia por conexidad al juzgado federal 1 de María Servini, quien tramita las que se hicieron en ese fuero luego del posteo en X del presidente Javier Milei sobre el lanzamiento de la fallida criptomoneda.
En su resolución, el juez del fuero penal económico instó además al Ministerio de Economía de la Nación y al Banco Central de la República Argentina “a establecer canales de información accesibles para la ciudadanía sobre los riesgos asociados a las colocaciones financieras en plataformas digitales no tradicionales”.
La fiscalía dictaminó que debía declinarse la competencia a favor del fuero federal y el magistrado ratificó esa decisión “atendiendo a la mayor gravedad de la pena que se colige de las calificaciones” de los delitos denunciados en Comodoro Py. En este escenario, Aguinsky advirtió que no se puede “pasar por alto la creciente tendencia de los criptoactivos como una novedosa opción de inversión”.
Además, evaluó que “la búsqueda de alternativas no tradicionales que generan expectativas de ganancias abultadas en plazos cortos, requiere que los organismos competentes informen a los ciudadanos de los riesgos e implicancias que tiene este tipo de actividad financiera”. El magistrado afirmó que “deberá oficiarse al Ministerio de Economía y al Banco Central de la República Argentina, instándolos a que desarrollen actividades informativas y educativas en relación a lo precedentemente enunciado”.