La venta de casi 70 mil hectáreas, otro objetivo del Gobierno en la intervención y desguace del INTA
A medida que se acerca el plazo de un año establecido por la Ley Bases (votada por legisladores de provincias donde «el campo» es la principal economía), el gobierno intervino oficialmente y degradó al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). También disolvió entidades como el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto del Vino (INV), el Instituto de Propiedad Intelectual (INPI), la Agencia Reguladora del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (Ariccame) y el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (Inafci). Muchos actores interesados ​​se preguntan por qué sucede esto, si estas organizaciones estaban funcionando bien, sugiriendo posibles intereses privados o extranjeros en las tierras administradas por el INTA.
El INTA pasa a estar bajo la plena autoridad del Ministerio de Agricultura, perdiendo su autonomía como entidad descentralizada. Las justificaciones de la intervención citan razones como exceso de personal e ineficiencia, pero pueden existir motivos subyacentes. Un informe indicó que el INTA tenía un exceso de personal, con 932 puestos directivos, y tenía importantes problemas administrativos, lo que provocó inquietudes del gobierno sobre las adquisiciones, la contratación y la gestión de fondos.
El decreto presidencial introduce cambios que exigen inspecciones de propiedad, transferencias de recursos a la Agencia de Gestión de Activos del Estado (AABE) y una reestructuración interna del Ministerio de Economía, reduciendo la autoridad de toma de decisiones sobre los activos administrados por el INTA. Un informe reveló el interés de AABE en adquirir grandes extensiones de tierra del INTA, lo que podría conducir a subastas privadas. Los dirigentes del INTA restaron importancia a estas intenciones de venta, pero cambios significativos en su gobernanza han suscitado preocupaciones. El decreto también facilita las futuras ventas de propiedades sin la aprobación del consejo de administración, lo que indica que el objetivo del gobierno podría ser utilizar aún más de las 110.000 hectáreas del INTA para intereses privados.