El plan de crueldad contra las personas con discapacidad: el Gobierno confesó que dio de baja más de 100 mil pensiones

En julio del año pasado, el gobierno del presidente Javier Milei dejó en claro que avanzaría por las pensiones por discapacidad. El plan de crueldad por goteo con auditorías masivas que llevó adelante desde entonces desembocó en el dato que confirmó ayer el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos: se dieron de baja 111.463 pensiones por invalidez. “Es un número que de lo único que habla es de la intención pura y dura de recortar, un indicador del que solo interesan las cifras y no las personas y el ejercicio de sus derechos”, advirtió Varina Suleiman, abogada de la Red por los Derechos de las personas por la Discapacidad. Guillermo Francos presentó ayer su quinto informe de gestión, el tercero que expuso ante la Cámara de Diputados, y en el que debió responder más de mil de preguntas. Uno de los temas sobre los que más hincapié hicieron los legisladores fue sobre el ajuste a los discapacitados, sector que, además, estuvo en el centro de la escena para el Gobierno debido al escándalo por corrupción en el que se menciona a Karina Milei. En ese sentido, el jefe de Gabinete reconoció que, como resultado de las auditorías, se suspendieron 111.463 pensiones no contributivas (PNC) por invalidez laboral. ¿La explicación? “Debido a la no asistencia al turno de auditoría y la imposibilidad de ser notificados por razones imputables al beneficiario”, expresaron en el documento. Francos, sin embargo, aclaró que “las personas afectadas pueden solicitar la rehabilitación, acreditando fehacientemente su derecho, previa verificación médica y socioeconómica”. A este número, además, se suman las 75.360 bajas ya informadas, de las cuales 24.361 se debieron a fallecimientos y otras 50.999 fueron por renuncias. 
Impidieron el acceso a derechos básicos
La Agencia Nacional por Discapacidad, hoy en la mira por las denuncias por presuntas coimas tras la filtración de los audios atribuidos al director Diego Spagnuolo, admitió ayer que en estos 13 meses las auditorías que impusieron tuvieron resultados concretos que impidieron el acceso a derechos básicos, mediante el desfinanciamiento, la suspensión de apoyos o limitación de la cobertura a través de criterios restrictivos, al calor de la estigmatización que promovieron sobre este grupo y del bloqueo oficialista a la Ley de Emergencia en Discapacidad. “No está pensado el proceso desde el punto de vista de las garantías y de las obligaciones que en virtud de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad y del pacto de Costa Rica (la Convención Americana de Derechos Humanos), asumió el Estado argentino”, alertó Suleiman sobre los datos que se conocieron en la víspera.