El 42 por ciento de los hogares con ingresos informales redujo porciones de comida entre los adultos. Crece el endeudamiento

Un trabajo del Instituto Pensar Igualdad volvió a poner el foco sobre la brecha entre los indicadores macroeconómicos y la vida diaria de las familias. El informe, titulado “La macro aprieta, la casa y la calle ahorcan”, plantea que la desaceleración inflacionaria y la baja en los registros formales de pobreza no alcanzan para describir la profundidad del malestar social que atraviesa a amplios sectores. El 17 por ciento de los hogares redujo porciones de comida entre adultos y el 11 por ciento entre niñas y niños. Entre trabajadores informales, los recortes escalan al 42 y 32 por ciento, reflejando una situación de emergencia silenciosa. El documento también identifica un fenómeno extendido: la dependencia creciente del crédito para gastos básicos. Hoy, más de la mitad de los hogares compra en cuotas o al fiado, y en la clase media asalariada esa proporción llega a siete de cada diez. Para muchas familias, la tarjeta se convirtió en un “salario anticipado” que permite cubrir el mes mientras los ingresos pierden poder de compra. El endeudamiento se volvió transversal. El 13 por ciento de los hogares tomó préstamos bancarios en 2025 y un 15 por ciento recurrió a familiares o amigos para afrontar gastos corrientes. Entre los sectores más vulnerables, estas cifras se duplican. A su vez, cuatro de cada diez hogares usaron sus ahorros para gastos diarios y un 9 por ciento vendió pertenencias, con mayor incidencia en hogares con jefatura femenina. El “colchón” financiero de la clase media prácticamente desapareció. El informe incorpora otro aspecto clave: el impacto del ajuste fiscal. Según datos del Iaraf citados por los investigadores, un 26 por ciento del recorte del gasto nacional se explica por la pérdida de poder adquisitivo de las jubilaciones, que cayó entre 14 y 16 por ciento solo en 2024. Las universidades sufrieron una reducción del 24 por ciento de su presupuesto y los subsidios a energía y transporte disminuyeron 33 por ciento. Además, por el recorte de coberturas, miles de personas mayores se ven obligadas a pagar medicamentos que antes eran gratuitos. Para Pensar Igualdad, esta distribución del esfuerzo confirma el carácter regresivo del ajuste y su efecto inmediato sobre quienes dependen de servicios públicos para sostener su bienestar. Con este diagnóstico, el Instituto Pensar Igualdad advierte que la estabilización económica no se traduce automáticamente en una mejora del bienestar. Para una parte importante de la sociedad, la crisis sigue “apretando” en la mesa familiar y “ahorcando” en el espacio público, donde cada vez más personas buscan estrategias para sobrevivir en un escenario de ingresos debilitados, servicios recortados y endeudamiento creciente.