Caso $LIBRA: Grabois podrá seguir siendo querellante y una inversora bielorrusa acusó a Milei

La Corte Suprema de Justicia rechazó un planteo de la defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, investigados por el caso $LIBRA, que pretendía apartar a los querellantes, supuestos damnificados, algunos de ellos patrocinados por el diputado Juan Grabois, como su abogado. “El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra sentencia definitiva”, le contestaron los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, al rechazar la presentación. Además, en una estrategia que pretende ampliar el embargo de 25.000 dólares sobre los bienes del promotor del negocio, Hayden Davis, dispuesto por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, a pedido del fiscal Taiano, ahora se presentó en la causa como querellante una inversionista bielorrusa. Krasutskaya Sviatlana Vitalievna solicitó constituirse como querellante al denunciar pérdidas por US$1.768.079 tras la caída abrupta de $LIBRA. La mujer acusó al presidente Javier Milei y a su entorno de legitimar una estafa que despojó a inversores internacionales de parte de sus ahorros. Según el escrito, Vitalievna realizó la inversión el 14 de febrero de 2025 motivada exclusivamente por una publicación de Milei en la red social X, donde aseguraba que el proyecto impulsaría la economía argentina. La querella presentó ante la Justicia la trazabilidad de las transacciones en la blockchain, y documentó cómo las compras de la inversora bielorrusa se transformaron en un quebranto millonario tras la retirada del apoyo oficial. Su escrito señala que es una “ofendida directa” por la maniobra, dado que confió en la legitimidad que otorgaba la investidura presidencial al negocio. Sus abogados en Argentina, Martín Romeo y Nicolás Oszust, firmaron el escrito en el que dicen haber sido damnificados por Karina Milei, Manuel Adorni y los desarrolladores del token. Se los acusa de los presuntos delitos de estafa, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública. La Justicia investiga si existió un esquema de fraude diseñado para inflar artificialmente el valor del token y luego provocar su desplome, generando ganancias extraordinarias para los creadores y pérdidas millonarias para los inversores.