Nueva administración del INYM sube impuestos y define un presupuesto proyectado cercano a los 8.500 millones de pesos

A pocos días de haber sido nombrado al frente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), Rodrigo Correa dio los primeros pasos en cuanto a su gestión y en el marco de una reunión de directorio impulsó una suba del 28 por ciento de la estampilla yerbatera, que pasa de 25 a 32,12 pesos por kilo, y avanzó en un presupuesto proyectado cercano a los 8.500 millones de pesos para un organismo al que el propio Gobierno nacional que él representa le quitó las principales herramientas para defender a los productores. La decisión implica 7,12 pesos más por cada kilo, es decir, 7.120 pesos adicionales por tonelada y millones de pesos extra para la cadena yerbatera, en un contexto de crisis. Cabe remarcar que esta resolución de reforzar la recaudación llega luego de que el ministro de Desregulación de la Nación, Federico Sturzenegger prometió eliminar la estampilla y vaciar de regulaciones al sector. De esta manera, en la reunión de directorio del Instituto, que se realizó el jueves pasado, se aprobó formalmente la suba de la tasa de fiscalización por kilo de yerba mate, consolidando la medida que impacta directamente en toda la cadena productiva. La medida se oficializó ayer en el Boletín Oficial, en cumplimiento de la orden de desregulación dictada por la Nación. El proyecto será ahora elevado a la Secretaría de Agricultura de la Nación, que deberá decidir si convalida esta suba impulsada por un organismo cada vez más cuestionado por su rol real. El argumento oficial es que la estampilla estaba congelada desde septiembre de 2023 y que los costos del Instituto aumentaron. En paralelo, el directorio INYM avanzó en la discusión de un Presupuesto 2026 cercano a los 8.500 millones de pesos, confirmando que el aumento de la estampilla no es un hecho aislado. La medida responde a la instrucción del Gobierno nacional de “relevar y adecuar” todo el stock normativo del organismo en un plazo de 30 días. Otro cambio significativo es la eliminación de la Resolución 37/2007, que históricamente impedía la cosecha y secanza durante el periodo de brotación. El INYM consideró que esta restricción, aunque buscaba proteger la planta, hoy puede entenderse como un impedimento a la “libre iniciativa privada”. No obstante, aclararon que ahora será “responsabilidad de cada operador respetar los ciclos biológicos del cultivo”. Por otra parte, se derogó la Resolución 15/2003, que tipificaba viejas infracciones, por considerarla “desactualizada y obsoleta”. Asimismo, se eliminó la Resolución 103/2017, que permitía la inhabilitación inmediata de un operador si, durante una inspección, no contaba con la documentación de movimientos de materia prima. El directorio evaluó que esta medida era “innecesaria y contraria al nuevo marco normativo”. En cuanto a las declaraciones juradas (DDJJ), se modificó la Resolución 21/2009. A partir de ahora: Se eliminan las sanciones automáticas ante incumplimientos formales. La falta de presentación de DDJJ ya no provocará la baja directa del operador. En su lugar, se establece un sistema de intimación previa de cinco días hábiles antes de proceder a una inhabilitación.