Jueces de América denuncian y rechazan la intervención de EE.UU. en Venezuela
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) emitió un pronunciamiento en el que rechazó de manera expresa la intervención militar de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela y advirtió que ese accionar vulnera principios centrales del derecho internacional público, como la soberanía de los Estados y la autodeterminación de los pueblos.
El Comité de Jueces rechazó no solo la intervención en Venezuela, sino también “la amenaza de eventuales intervenciones o de uso de la fuerza” contra Colombia, Cuba y México, y anunció la puesta en marcha de un proyecto de investigación académica sobre los hechos y sus consecuencias jurídicas.
El documento, fechado el 8 de enero de 2026 en la Ciudad de Buenos Aires, sostiene que la operación militar norteamericana, que incluyó el bombardeo del territorio venezolano y la captura de su Presidente para ser juzgado en Estados Unidos, constituye una “violación grave a los derechos humanos” y un quiebre del orden jurídico internacional.
“El principio de no intervención y el derecho de autodeterminación de los pueblos han sido vulnerados”, afirmó el COPAJU, al tiempo que remarcó que los conflictos entre Estados deben resolverse por vías pacíficas y diplomáticas, tal como lo establece la Carta de las Naciones Unidas.
En ese sentido, el pronunciamiento recordó que el artículo 2 de la Carta de la ONU dispone que los Estados “se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”, y concluyó que, frente a las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en Venezuela, “debió haberse recurrido a medios pacíficos y a vías institucionales legítimas”.
El texto también cuestionó con dureza las declaraciones del Presidente estadounidense, quien aseguró que su país estará “a cargo” de Venezuela hasta que se concrete una transición política, y reivindicó la aplicación de la denominada “doctrina Monroe”. Para el COPAJU, esa doctrina “no es una norma de derecho internacional público” y carece de fuerza obligatoria para los demás Estados del continente.
“Invocar actualmente la doctrina Monroe para justificar intervenciones de Estados Unidos en el continente americano es improponible en el marco del derecho internacional público”, sostuvo el Comité, y advirtió que se trata de “una mera conducta de política exterior” sin validez jurídica internacional.
El pronunciamiento también alertó sobre una “desviación de la finalidad alegada” por Estados Unidos y vinculó la intervención con el interés en el control de los recursos naturales venezolanos, en particular el petróleo. En ese punto, recordó palabras del Papa Francisco, quien ya en 2015 había advertido: “Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas detrás de nobles reivindicaciones”.
En línea con esa postura, el COPAJU citó expresiones recientes del Papa León XIV, quien manifestó su “gran preocupación” por la situación en Venezuela y llamó a “superar la violencia y emprender caminos de justicia y paz, garantizando la soberanía del país, el estado de derecho y el respeto de los derechos humanos”.
Finalmente, el Comité rechazó no solo la intervención en Venezuela, sino también “la amenaza de eventuales intervenciones o de uso de la fuerza” contra Colombia, Cuba y México, y anunció la puesta en marcha de un proyecto de investigación académica sobre los hechos y sus consecuencias jurídicas.