Presentarán un pedido de informes al BCRA para que explique la cancelación anticipada de un tramo del swap con Estados Unidos por 2.500 millones dólares
Este lunes, el bloque de Unión por la Patria presentará en la Cámara de Diputados un pedido de informes al Banco Central para que su titular, Santiago Bausili, brinde detalles de la sorpresiva cancelación de un tramo del swap con Estados Unidos por 2.500 millones de dólares, realizada en diciembre.
“Corresponde que la autoridad monetaria informe qué operación u operaciones financieras se realizaron de manera simultánea que permitieron compensar dicho egreso, detallando montos, instrumentos utilizados, contrapartes, condiciones financieras y su impacto contable sobre las reservas internacionales”, reclamarán en el proyecto elaborado por la diputada Julia Strada, que será acompañado con la firma del resto de los legisladores peronistas que integran la comisión de Presupuesto.
Junto con el rechazo al DNU de Inteligencia y de la reforma laboral, esta iniciativa forma parte de la estrategia opositora para cuando se reanuden las sesiones. El peronismo busca sumar adhesiones en el resto de la oposición. En el proyecto que se presentará este lunes también consultan respecto al origen de los fondos que permitieron la cancelación.
“Si fue financiada mediante líneas de crédito o desembolsos provenientes de organismos financieros internacionales y, en su caso, detallar condiciones financieras, incluyendo tasas de interés, plazos, costos asociados y organismo otorgante”, requerirán. En el mercado circuló la versión de que se trató de un préstamo del BIS, el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Suiza.
Lo único verificable hasta ahora es que en el balance del BCRA del 23 de diciembre hay un movimiento contable por el que 2.500 millones de dólares pasan del ítem “otros pasivos” al de “obligaciones con organismos internacionales”. En lo referido a las cuentas públicas del gobierno de Javier Milei y del ministro Luis Caputo, todo parece requerir una pericia detectivesca porque los pedidos de acceso a la información pública son rechazados de manera sistemática.