Más denuncias contra Pablo Quirno y Federico Sturzenegger por un contrato millonario en Cancillería

Una nueva denuncia en la Justicia Federal se conoció ayer contra el canciller Pablo Quirno, el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger y su esposa, la directora ejecutiva de la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, María Josefina Rouillet, por presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, abuso de autoridad e infracción a la ley de Ética Pública.

La presentación fue realizada por Alejandro Sebastián Díaz Pascual, de la agrupación Arco Social ante la Justicia Federal y apunta a una contratación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores para la provisión de cursos de capacitación en idioma inglés destinados al personal de la cartera.

Fue la primera que se sorteó ayer en los tribunales de Comodoro Py, y quedó radicada en el juzgado a cargo de Sebastián Ramos. Según consta en la denuncia, el procedimiento de contratación culminó con la adjudicación a la Asociación Argentina de Cultura Inglesa, entidad cuya Dirección Ejecutiva está a cargo de Rouillet, esposa del ministro Sturzenegger.

El contrato —formalizado mediante la Disposición DI-2026-06694033-APN-SSCYAE#MRE, en el marco del expediente EX-2025-132767865-APN-DCYC#MRE— implicó, de acuerdo al escrito, “la asignación de una suma millonaria de fondos públicos, superior a los cien millones de pesos”.

Para el denunciante, ese monto imponía “un especial deber de legalidad, transparencia y prevención de conflictos de intereses”, deber que —sostiene— no fue cumplido. “La existencia del vínculo conyugal entre el Ministro y la Directora Ejecutiva de la entidad adjudicataria constituía un supuesto típico de conflicto de intereses que exigía la adopción de medidas concretas de abstención, excusación y control reforzado. Sin embargo, tales medidas no fueron adoptadas”, afirma la presentación.

Qué delitos se les atribuye
Respecto de Sturzenegger, la denuncia sostiene que, aún cuando no hubiera firmado el acto administrativo, la figura penal se configura si existió una influencia funcional o política.

“No resulta exigible, a los fines típicos, la prueba de una orden expresa o de una firma directa del ministro en el acto administrativo”, se señala. En cuanto a Quirno, el escrito remarca que, como Canciller, tenía “la máxima responsabilidad política y administrativa sobre los actos celebrados” por la cartera.

Y agrega: “Pese a ello, el Canciller formalizó la contratación con una entidad dirigida por la esposa de un ministro del mismo Poder Ejecutivo, sin disponer controles adicionales ni mecanismos de prevención del conflicto de intereses”.

La conducta atribuida al titular de Relaciones Exteriores “configura prima facie un abuso de autoridad”, sostiene el denunciante, al considerar que se llevó adelante “un acto administrativo contrario a los deberes impuestos por la normativa vigente”.

Sobre Rouillet, la denuncia afirma que “aceptó y ejecutó una contratación estatal en un contexto de incompatibilidad evidente” y que su rol “excede el de una beneficiaria pasiva”. Según el escrito, su intervención habría sido necesaria para la consumación del presunto delito de negociaciones incompatibles.