Revés judicial para Milei: la Cámara Federal ordena cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario
La Justicia federal le asestó un duro revés al gobierno de Javier Milei al ratificar la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario y obligarlo a cumplir de inmediato con la recomposición salarial de docentes y no docentes, además de actualizar las becas estudiantiles.
La decisión fue tomada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que rechazó la apelación presentada por el Ejecutivo nacional para frenar la aplicación de la norma sancionada por el Congreso. En su resolución, el tribunal calificó de “poco serios” los argumentos esgrimidos por la Casa Rosada, especialmente el planteo sobre la falta de financiamiento.
El fallo confirma la medida cautelar dictada en primera instancia por el juez Enrique Cormick, quien había hecho lugar a un amparo impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y diversas instituciones académicas. El magistrado había considerado que la decisión del Gobierno de suspender la aplicación de la ley mediante el decreto 759/2025 constituía una “arbitrariedad e ilegalidad manifiesta”.
Al analizar el caso, los jueces remarcaron que el Congreso había agotado el procedimiento legislativo previsto en la Constitución, por lo que la norma debía aplicarse sin condicionamientos. En ese sentido, fueron contundentes: “No se admite suspender una ley vigente”.
Además, plantearon un interrogante clave: “¿Podría el Poder Ejecutivo sostener que la aplicación de una ley del Congreso se encuentra suspendida con sustento en otra ley anterior del propio Congreso?”. Y concluyeron: “la respuesta sería negativa”.
El tribunal también puso el foco en el impacto concreto de la demora en la aplicación de la ley. Señaló que existe un deterioro en los ingresos, pérdida del poder adquisitivo y afectación directa a derechos de carácter alimentario vinculados a salarios y becas. Por eso, consideró acreditado el riesgo de perjuicios irreparables.
Frente al argumento del Estado sobre el impacto fiscal, los magistrados indicaron que el costo estimado —equivalente al 0,23% del PBI— no implica una afectación al interés público. Por el contrario, destacaron que está en juego “el derecho a enseñar y aprender”.
Asimismo, la Cámara rechazó los planteos del Gobierno sobre supuesta falta de imparcialidad de los jueces y descartó que la medida cautelar implique una sentencia definitiva. Aclaró que la resolución se limita a garantizar el cumplimiento de aspectos puntuales de la ley mientras se resuelve la cuestión de fondo.
El fallo llega en un contexto de conflicto con el sector universitario, donde docentes y no docentes llevan adelante medidas de fuerza en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno. Desde el CIN celebraron la decisión: “es una excelente noticia para la comunidad universitaria del país, que valoramos en un contexto extremadamente delicado como el que atravesamos”.
Con esta resolución, el Poder Ejecutivo deberá reasignar partidas y garantizar el financiamiento necesario para cumplir con la actualización salarial y el refuerzo de las becas universitarias.