Adorni llega al Congreso el 29 de abril bajo presión judicial y con pedidos de renuncia desde la propia coalición

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, dará su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados el 29 de abril, en medio de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito vinculada a la compra de dos propiedades y gastos en vuelos y viajes al exterior.

Pese a la creciente incomodidad dentro del oficialismo y entre sus aliados, desde La Libertad Avanza confirmaron que el funcionario no baja ni posterga su presentación. Cuando Adorni confirmó la fecha, Javier Milei publicó en X que no se lo perdería.

Sin embargo, desde el oficialismo aclararon que hasta ahora no hubo ninguna comunicación de la Casa Rosada confirmando su presencia. Desde el entorno libertario deslizaron que el mensaje presidencial puede interpretarse como que Milei seguirá la sesión por transmisión online.

Los aliados piden que renuncie
En el PRO y en la UCR, los principales socios del gobierno en el Congreso, la postura oficial es esperar una definición judicial. Pero en paralelo crece la presión para que Adorni deje el cargo.

“Se lo tienen que sacar de encima porque es una locura que siga en el Gobierno”, graficó un legislador. La propia Patricia Bullrich, jefa del oficialismo en el Senado, se despegó de la continuidad del ministro. Reconoció que está “muy tocado” y remarcó que fue Milei quien decidió mantenerlo en el cargo.

El escenario más delicado para el gobierno es la posibilidad de una moción de censura. Si el kirchnerismo, la izquierda, Unidos y los diputados de las provincias del norte logran alinearse, tendrían la mayoría absoluta que exige la Constitución para desplazar a Adorni del cargo.

La agenda que deberá responder
Más allá de su situación judicial, Adorni también tendrá que dar explicaciones ante Marcela Pagano, la diputada que impulsó la denuncia que originó el expediente judicial en su contra.

Además, deberá responder por los recortes en la coparticipación federal que denuncian las provincias y por las deudas que el Estado nacional mantiene con las cajas previsionales no transferidas a la ANSeS, que al año pasado ascendían a $350.000 millones.

Su visita al Congreso cumple con el mandato constitucional que obliga al jefe de Gabinete a presentar un informe mensual alternando entre ambas cámaras. Pero esta vez, la cita tiene otro peso.