Coimagate: nuevas pruebas por $75 mil millones impulsan nuevas indagatorias a Spagnuolo y otros 28 imputados

El fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación del Coimagate, detectó nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que involucran a “funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo” y pidió 29 indagatorias, entre las que se incluyen las ampliaciones de Diego Spagnuolo, el íntimo amigo del presidente Javier Milei que estuvo al frente del organismo, y del lobbista Miguel Ángel Calvete, ambos ya procesados por ser considerados jefes de la asociación ilícita que funcionó en esa dependencia estatal.

El representante del Ministerio Público Fiscal precisó que los hechos investigados en su último dictamen “implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial”.

Picardi describió que los “nuevos hallazgos” demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de un entramado delictivo en la ANDIS que fue “conducido desde el sector público, por Diego Spagnuolo y Daniel María Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian”. Se trata de los cuatro acusados que ya fueron procesados como jefes de la asociación ilícita en el marco de esta causa.

En total son 19 los procesados que tiene el caso. Picardi, que realiza la investigación con el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, halló serias irregularidades “en las compulsas de precios del rubro insumos” de la ANDIS, puntualmente en los segmentos “amputación”, “audífonos”, “cardio”, “implante auditivo”, “neuro”, “sillas/andadores” y “traumatología”.

Estas maniobras se suman a las que se hacían con los medicamentos, por las que se dictaron los primeros procesamientos del caso. En un dictamen de 228 páginas, Picardi explicó que las novedades “no constituyeron hechos aislados, sino que respondieron a un entramado de vínculos personales, económicos y funcionales que garantizó la manipulación de compras públicas de manera permanente”.

Y adelantó que continúa con la pesquisa que ya lleva 7 meses porque es de esperar que se sigan sumando imputaciones. Como en dictámenes anteriores, volvieron a aparecer referencias a descuentos de un 3%, todo indica que de coimas.

Se trata de la misma cifra que iba a parar a manos de Karina Milei, la hermana del Presidente, según se le escucha decir en audios filtrados al extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo cuando describe el sistema de corrupción dentro del organismo que comandaba. La prueba en ese sentido comienza a acumularse en este expediente.

Ya que el mismo Calvete en un dialogo con su hija Ornella –exfuncionaria del Ministerio de Economía y también procesada en esta causa-  habla del “3% para KM”. En el reciente pedido de indagatorias está fechado el 19 de marzo pero se conoció este último jueves.

El requerimiento debe ser resuelto ahora por el juez a cargo del juzgado federal Nº 11, que es donde está radicado el expediente. Ese despacho hoy es ocupado por el magistrado Ariel Lijo, quien fue uno de los candidatos fallidos del gobierno a la Corte Suprema.

Lijo reemplazó en la subrogancia del juzgado Nº 11 a Sebastián Casanello, el juez que estuvo al inicio de la causa y dictó los 19 procesamientos que ya tiene el Coimagate. En las 29 nuevas indagatorias requeridas hay cinco pedidos de ampliación. Se trata de los casos de Spagnuolo, Garbellini, Calvete (p), Andrés Horacio Arnaudo y Federico Maximiliano Santich.

A su vez hay 24 nuevos imputados. Se trata de: Emilio Olguin, Evangelina Ileana García, Claudio Alejandro Kahn, Gerardo Raúl Angarami, Oscar Alberto Capello, Guido Capello, Pablo Alejandro Rivero, Martín Gonzalo Armella, Hernán Darío Rasmussen, Máximo Ariel Perdiechizi, Osmar Mariano Caballi, Mariano Sagués, Christian Sagués, Vicente Sagués, Lucas Sagués, Humberto Gabriel Maone, Javier Antonio Bernat, Fernando Martín Bernat, Gustavo Bernat, Vicente Vázquez, Nicolás Luna, Fabián Piedimonte, Lautaro Britez y Diego Miras Acosta.

Para los fiscales Picardi y Rodríguez, no hay dudas: durante el gobierno de Javier Milei “la ANDIS fungió como una permanente ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios, en perjuicio del Estado Nacional, tanto en lo relativo a medicamentos como insumos, que, por sus particularidades, resultan de alto impacto y baja incidencia”.

“El conjunto de evidencias analizadas permite reconstruir un esquema delictivo permanente en el tiempo, caracterizado por el direccionamiento de compulsas de precios, la cartelización empresarial y, por ende, la connivencia de funcionarios/as públicos/as que se beneficiaban de ello”, agregaron.

Según circunscribió la fiscalía, los actos de corrupción se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 hasta octubre del 2025, es decir, durante el gobierno de Javier Milei.