El Gobierno apelará el fallo que obliga a mantener el programa Volver al Trabajo
El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que ordenó la continuidad del programa Volver al Trabajo, aunque adelantó que acatará la resolución mientras se resuelve la cuestión de fondo. La medida judicial obliga a sostener el esquema de transferencias que beneficia a más de 900 mil personas con ingresos mensuales de $78.000.
La resolución fue dictada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien hizo lugar a una cautelar presentada contra la eliminación del programa. De este modo, el Ejecutivo deberá mantener vigente el plan en su formato actual.
Desde el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, señalaron que “el Programa Volver al Trabajo finalizó por haberse cumplido su plazo de vigencia de dos años, establecido desde el momento su creación”.
Además, indicaron: “El Ministerio efectuó una amplia y masiva convocatoria a quienes eran beneficiarios del programa a fin de recibir vouchers de capacitación laboral que les permitan, de este modo, una formación profesional con rápida salida laboral e inserción al empleo registrado y formal”.
Sin embargo, advirtieron que “en virtud de dicha decisión judicial, con graves consecuencias sobre el presupuesto y la gestión ministerial, lamentablemente no podrán llevarse a cabo dos políticas prioritarias y planificadas: los vouchers de formación laboral ni la doble escolaridad primaria en escuelas vulnerables de todo el país”.
En el oficialismo interpretan el fallo como una intromisión del Poder Judicial en la definición de políticas públicas. “Vamos a acatar lo que diga la Justicia, como hacemos siempre, aunque no estemos de acuerdo”, señalaron fuentes gubernamentales.
Asimismo, remarcaron que la medida “obliga a usar el dinero en lo que ya existía”, lo que, según su visión, consolida un modelo de asistencia que buscan modificar. “Esto es la perpetuación del asistencialismo”, cuestionaron.
El Gobierno sostiene que el programa tenía un carácter transitorio y que el objetivo era reemplazarlo por herramientas orientadas a la capacitación laboral y la inserción en el empleo formal. También proyectaba destinar parte de esos fondos a la extensión de la doble escolaridad en sectores vulnerables.
“La reconversión de los planes de trabajo fue cercenada por esta decisión”, afirmaron desde la cartera, al tiempo que insistieron en que la medida judicial altera el rumbo estratégico de la política social.
Mientras tanto, la continuidad del programa implica sostener el esquema vigente hasta que haya una resolución definitiva. En paralelo, el Ejecutivo avanzará con la apelación para intentar revertir la cautelar y recuperar margen de decisión sobre la asignación de recursos.