PIANCHO

Investigan préstamos del Banco Nación y ordenan una auditoría integral de la AGN

El juez Ariel Lijo impulsa una causa por presuntas irregularidades en créditos otorgados a funcionarios y legisladores. También pidió al Banco Central información clave sobre la normativa vigente.
miércoles 22 de abril de 2026

La Justicia federal avanzó en la investigación por los créditos otorgados por el Banco Nación a funcionarios y legisladores vinculados al oficialismo y ordenó una auditoría integral a la Auditoría General de la Nación (AGN) para analizar el proceso de concesión durante los últimos tres años.

La medida fue dispuesta por el juez Ariel Lijo, tras el impulso del fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una causa que busca determinar si existieron irregularidades en el otorgamiento de préstamos hipotecarios.

Además, el magistrado solicitó al Banco Central que informe cuál es el marco normativo vigente para estos créditos y si hubo modificaciones o flexibilizaciones desde diciembre de 2023.

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Mónica Frade, de la Coalición Cívica, y apunta a posibles delitos como administración fraudulenta, abuso de autoridad y negociaciones incompatibles con la función pública.

Como parte de las medidas iniciales, el Banco Nación ya entregó documentación preliminar sobre los créditos cuestionados. Sin embargo, el juzgado consideró necesario profundizar el análisis y pidió a la AGN, encabezada por Juan Manuel Olmos, “una amplia auditoría” para reconstruir el circuito administrativo de los préstamos e identificar a los beneficiarios.

En paralelo, Lijo ordenó revisar reglamentos internos, manuales operativos y criterios de evaluación crediticia utilizados por la entidad bancaria. También dispuso analizar los legajos completos de los créditos otorgados desde 2023, incluyendo documentación sobre propiedades adquiridas, informes financieros y mecanismos de pago.

Entre los beneficiarios señalados en la causa figuran funcionarios del equipo económico, asesores, legisladores y otros dirigentes vinculados al oficialismo, con montos que alcanzan cifras millonarias.

El expediente se suma a otras investigaciones que avanzan en el mismo juzgado y que mantienen bajo análisis distintas operaciones vinculadas a funcionarios nacionales.