Causa Andis: Spagnuolo, acusado de cobrar coimas, se presentó ante la Justicia pero no declaró

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) Diego Spagnuolo se negó ayer a declarar en la nueva ronda de indagatorias ordenadas en la causa en la que se investigan maniobras de corrupción en el organismo.

Spagnuolo, que ya está procesado en la causa, fue citado para ampliar su indagatoria ya que en el marco de la investigación se detectaron nuevas maniobras de corrupción desplegadas en la ANDIS de manera articulada entre funcionarios públicos y empresarios proveedores de insumos de alto costo.

El exfuncionario debía hacer su descargo ante el fiscal Franco Picardi y el juez Ariel Lijo, pero hizo uso de su derecho de negarse a declarar. Tras la audiencia, se retiró de los tribunales de Comodoro Py sin responder a los periodistas.

Spagnuolo ya está procesado por cohecho, fraude contra el Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. En total son 35 nuevas indagatorias a exfuncionarios y empresarios que se llevarán a cabo hasta el 26 de mayo.

Esas maniobras implicaron la erogación de aproximadamente $75.478.149.019 de pesos provenientes del erario estatal, en favor de un reducido grupo empresarial.

Conforme pudo acreditar el fiscal Picardi, estos actos de corrupción se llevaron a cabo, al menos, desde diciembre de 2023 y hasta octubre del 2025, cuando funcionarios públicos de la ANDIS direccionaron de manera intencionada múltiples compras de insumos de alto costo -llamados PACBI- para que sus amigos y allegados resultaran adjudicatarios de las mencionadas sumas millonarias, a cambio de retornos y dádivas de diversa índole.

Hasta el momento, los nuevos hallazgos demuestran que más de 20 empresarios con más de 30 firmas formaron parte de este entramado delictivo, conducido desde el sector público, por Spagnuolo y Garbellini y, desde el sector privado, por Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian.

Los hechos descubiertos por la fiscalía ponen de manifiesto la relevancia pública del caso ANDIS: los insumos que se comercializaron de manera ilícita son dispositivos y tecnologías médicas que resultan sumamente costosas para el sistema de salud.

Se trata, así, de prótesis de alta gama para amputaciones, implantes cocleares y materiales específicos para cirugías complejas, sillas de ruedas motorizadas, entre otros.

Estos insumos, por sus particularidades, eran -y son- gestionados desde el Programa Incluir Salud, cuando se trata de personas con discapacidad o con enfermedades crónicas graves, que se encuentran en situación de pobreza estructural y que no poseen coberturas médicas específicas.

El Programa Incluir Salud, que depende de la ANDIS, fue creado para diseñar e implementar políticas públicas destinadas a esta población especialmente vulnerable.

Sin embargo, conforme fue identificado por el fiscal Picardi, en vez de cumplir con sus objetivos institucionales, los jefes de la organización criminal montaron allí un servicio ilícito de pagos permanentes para un determinado grupo empresarial, en perjuicio de las arcas del Estado y de la población destinataria de las políticas públicas de ANDIS.

Este servicio ilícito implicó, además, discrecionalidad en la autorización para comercializar con ANDIS; la remisión de información privilegiada para facilitar las adjudicaciones de compras y la coordinación de la cartelización empresarial; y la participación directa de empresarios en las decisiones institucionales.

De acuerdo con lo expuesto por el juez Ariel Lijo, y en línea con lo que planteó el Ministerio Público Fiscal, la organización “habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero” para sus integrantes “de manera ilegal” y “en detrimento del erario público”.

“Las hipótesis delictivas investigadas en autos asoman la posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos y, por ende, susceptibles de ser recuperados por el Estado”, sostuvo el magistrado.

La causa busca esclarecer el entramado de corrupción que involucra a más de 20 empresarios que habrían formado parte de esa estructura en las que también, estaría vinculada la secretaria de Presidencia de la Nación, Karina Milei.