“Reformas regresivas”: CAME rechazó los cambios tributarios del FMI y pide un “nuevo consenso fiscal”
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) expresó su rechazo a la reforma tributaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI), a la que definió como “regresiva”, y planteó la necesidad de avanzar hacia un “nuevo consenso fiscal” entre Nación, Provincias y Municipios.
Al evaluar los cambios tributarios reclamados al Gobierno de Javier Milei por el organismo internacional, entre ellos la ampliación de la base del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, la aplicación del IVA sobre bienes actualmente exentos y la suba de las categorías del Monotributo, la entidad empresaria advirtió que “recae principalmente sobre los asalariados y el consumo doméstico”.
En el mismo sentido, sostuvo que “son reformas regresivas que reducen el poder adquisitivo de los trabajadores y encarecen la formalidad para los sectores de menores ingresos, sin tocar ninguno de los impuestos distorsivos estructurales que verdaderamente frenan la inversión, la producción y el empleo formal en la Argentina”.
Según CAME, además, el diagnóstico del FMI deja de lado la carga tributaria subnacional, al advertir que “es donde reside el nudo fiscal más dañino para la actividad económica: el impuesto sobre los ingresos brutos y las tasas retributivas de servicios municipales”.
Al respecto, la CAME señaló que el IIBB opera como un “impuesto en cascada”, ya que se va acumulando en cada instancia de la cadena productiva. También advirtió por la acumulación de “saldos a favor” derivados de sistemas de retención y percepción que exceden el monto que el contribuyente debe abonar efectivamente.
Desde CAME indicaron, en esa línea, que “la compensación es insuficiente porque los saldos nuevos que genera el régimen superan mes a mes lo que el contribuyente puede absorber en su liquidación mensual”.
Por ese motivo, denunciaron que “el Estado captura un beneficio financiero real a costa del capital de trabajo de las empresas, sin que ello figure en ningún indicador de presión tributaria oficial”. Ante este panorama, CAME reclamó que el Gobierno nacional, las Provincias y los Municipios convoquen con urgencia a un Nuevo Consenso Fiscal.
La iniciativa apunta a una reforma de fondo centrada en la carga impositiva subnacional, a la que la entidad identifica como el principal freno para la producción y el empleo. En ese contexto, planteó que el propósito de la propuesta “no debe ser la reducción nominal de alícuotas, que puede revertirse por decreto, sino el establecimiento de reglas de juego permanentes que armonicen la base imponible, los regímenes de retención y percepción, y los mecanismos de devolución en todo el territorio nacional”.