Más funcionarios se sumaron al Régimen Simplificado de Ganancias y el Gobierno niega que sea para blanquear fondos
La adhesión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al Régimen Simplificado de Ganancias generó nuevas repercusiones luego de que trascendiera que otros funcionarios nacionales también optaron por incorporarse al sistema impulsado por el Gobierno de Javier Milei.
Según se conoció, entre los funcionarios adheridos figura el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, además de otros integrantes de la administración nacional como Aimé Vázquez, Felipe Núñez, Santiago Oría y el exdiputado José Luis Espert.
La controversia surgió después de que se revelara que Adorni y su esposa solicitaron ingresar al régimen en medio de la expectativa por la presentación de sus declaraciones juradas patrimoniales y de las investigaciones judiciales que involucran al funcionario.
Desde el Gobierno insistieron en que adherir al Régimen Simplificado de Ganancias no implica automáticamente ingresar al programa de "Inocencia Fiscal" ni realizar un blanqueo de dinero no declarado.
Fuentes oficiales señalaron que se trata de una herramienta prevista por ley para simplificar la liquidación y presentación del Impuesto a las Ganancias, y que la decisión depende de la situación particular de cada contribuyente y de las recomendaciones de sus asesores contables.
"Presentar esa adhesión como algo irregular o extraordinario es incorrecto", señalaron desde el entorno de Sturzenegger, donde explicaron que el mecanismo permite realizar la declaración mediante un procedimiento simplificado habilitado por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
El sistema establece una liquidación predeterminada basada en la facturación y los gastos deducibles, permitiendo al contribuyente aceptar el monto calculado o realizar modificaciones antes de efectuar el pago correspondiente.
Desde la Casa Rosada remarcaron además que miles de contribuyentes ya se encuentran incorporados al régimen y sostuvieron que la adhesión no constituye una prueba de que existan fondos para regularizar.
Mientras tanto, el debate continúa en medio de la discusión política generada por las declaraciones patrimoniales de algunos funcionarios y las críticas de sectores opositores respecto al alcance de las medidas impulsadas por el Ejecutivo en materia tributaria.