Denuncian cinco muertes en comunidades terapéuticas irregulares y exigen mayores controles
La Asociación de Reducción de Daños de Argentina (ARDA) denunció cinco nuevas muertes ocurridas en comunidades terapéuticas cuestionadas por presuntas irregularidades y violaciones a los derechos de personas con consumos problemáticos y padecimientos de salud mental.
Según informó la Unidad de Investigaciones y Protección de Derechos en Salud Mental (UIP), cuatro de los casos fueron registrados oficialmente como suicidios, aunque la organización sostiene que las circunstancias en las que ocurrieron deben ser investigadas en profundidad.
El caso más reciente corresponde a Paulo, un hombre de 30 años oriundo de Neuquén, quien falleció a fines de mayo en una comunidad terapéutica ubicada en Pilar. Desde la entidad advirtieron que su muerte “no puede leerse como un hecho aislado” y señalaron la existencia de un patrón común en este tipo de establecimientos.
“Vuelve a aparecer el mismo patrón: dispositivos de encierro sin control estatal, prácticas disciplinarias presentadas como tratamiento, operadores sin formación suficiente y ausencia de abordajes clínicos reales”, alertó la organización.
Además, se denunciaron las muertes de Sebastián y Catalina, de 36 y 20 años respectivamente, quienes fallecieron en una comunidad terapéutica que, según la UIP, funcionaba sin habilitación oficial y había sido clausurada previamente. También fueron incluidos en la denuncia los casos de Juliana y Braian, dos adolescentes de 17 años fallecidos en distintos establecimientos de la provincia de Buenos Aires.
En el caso de Juliana, la organización cuestionó la falta de profesionales identificados y de información sobre habilitaciones sanitarias. Respecto a Braian, denunciaron presuntas irregularidades en la atención médica y señalaron que la institución ya había sido denunciada anteriormente.
Por su parte, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) confirmó que los establecimientos mencionados no figuran en el Registro Único Provincial de Establecimientos de Salud, por lo que carecerían de habilitación para funcionar.
“Todavía hay muchísimas comunidades terapéuticas que funcionan sin habilitación”, advirtió Melina Galeano, directora del Programa de Salud Mental de la CPM.
Las organizaciones reclamaron una revisión urgente de los sistemas de habilitación y fiscalización de estos espacios, especialmente cuando alojan a personas con problemas de salud mental, consumos problemáticos o menores de edad.
Asimismo, solicitaron que las investigaciones judiciales avancen para determinar las responsabilidades en cada uno de los fallecimientos denunciados.