La Corte Suprema dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar la Ley de Financiamiento Universitario
La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la medida cautelar que obliga al Estado nacional a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar un recurso presentado por el Gobierno por considerar que no existe una sentencia definitiva sobre el fondo de la cuestión.
La resolución fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes ratificaron la vigencia de la cautelar dictada previamente por la Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal.
La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y distintas universidades nacionales, que cuestionaron la decisión del Gobierno de limitar la aplicación de la Ley 27.795 mediante el decreto 759/2025, el cual condicionó su ejecución a la definición de fuentes específicas de financiamiento.
La medida cautelar obliga al Ejecutivo a actualizar los salarios del personal docente y no docente de las universidades públicas desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la ley, además de recomponer los programas destinados al estudiantado.
Sin embargo, la resolución no alcanza a todos los aspectos contemplados en la norma. Quedaron excluidas la recomposición presupuestaria correspondiente a 2024 y 2025, así como otros fondos vinculados a programas de fortalecimiento y asistencia universitaria.
En instancias previas, la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal había considerado que el Estado no logró desvirtuar la legitimidad del reclamo universitario. Además, sostuvo que el incumplimiento de la ley podía generar perjuicios graves al sistema educativo, afectando el derecho a enseñar y aprender debido al deterioro salarial acumulado.
La decisión de la Corte llega pocas semanas después de que el Gobierno, el Consejo Interuniversitario Nacional y los gremios docentes y no docentes alcanzaran un acuerdo el pasado 10 de junio. En ese entendimiento, el Estado se comprometió a transferir fondos para una recomposición salarial del 24,33%, una actualización del 20% en gastos de funcionamiento y una ampliación de las partidas destinadas a hospitales universitarios hasta los 50.000 millones de pesos.
El acuerdo también incluyó una actualización del 50% en las Becas Manuela Belgrano y la continuidad de las negociaciones paritarias hasta septiembre para discutir nuevas recomposiciones vinculadas a la inflación y a la pérdida de poder adquisitivo acumulada en 2024.
Si bien la resolución judicial no implica efectos económicos inmediatos debido a que parte de las actualizaciones ya fueron acordadas, constituye un fuerte respaldo institucional a la Ley de Financiamiento Universitario y mantiene vigente la obligación del Estado de cumplir con los artículos cuestionados mientras continúa el debate sobre la constitucionalidad del decreto 759/2025.