Por amplia mayoría se rechazó la propuesta del Gobierno nacional de reformar el INYM y el proyecto continuará en estudio
El proyecto del Gobierno nacional para reestructurar el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) sufrió un revés en la reunión que se realizó ayer en la sede del organismo, luego de que la Subcomisión de Legislación, Fiscalización y Control se pronunció por amplia mayoría en rechazo de la iniciativa y resolviera que continuará en estudio.
La posición será comunicada formalmente el martes 29, durante la próxima reunión de Directorio del organismo. Para los integrantes de la subcomisión, la propuesta representa una pérdida de la capacidad del INYM para generar, verificar y conservar su propia información, lo que afectaría su autonomía y gestión.
Cabe recordar que el proyecto fue presentado por el Gobierno nacional ante los directores del organismo y contempla una reestructuración integral de su funcionamiento, con excepción del área de Promoción.
Entre sus principales puntos establece el traspaso de funciones de fiscalización al SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), la eliminación de la base de datos de control del sector y modificaciones en los programas de apoyo a la producción.
La iniciativa también plantea que el presidente del INYM, Rodrigo Correa, pueda negociar, redactar y firmar convenios, acuerdos e instrumentos operativos sin requerir previamente la aprobación del Directorio.
El proyecto también contempla modificaciones al Convenio de Corresponsabilidad Gremial, la Tasa de Inspección y Fiscalización, el régimen sancionatorio y los programas de asistencia.
En relación con estos últimos, la iniciativa establece que ningún programa podrá interferir en la libre oferta y demanda ni generar distorsiones en los precios. Según la posición expresada desde el organismo, esta condición pone en riesgo la continuidad del Programa de Asistencia Técnica y de entrega de herramientas.
Asimismo, la propuesta oficial plantea derogar 21 resoluciones dictadas entre 2003 y 2023, correspondientes a los 23 años de funcionamiento del instituto. Se trata de un período anterior al DNU 70/23 de Javier Milei, que ya había quitado al INYM la facultad de fijar precios de la materia prima, entre otros recortes.