Más de 900 trabajadores en Argentina quedaron sin empleo tras la crisis de Ueno Bank en Paraguay
La crisis de Ueno Bank en Paraguay comenzó a tener consecuencias directas en Argentina. Más de 900 trabajadores de Itti, la empresa encargada del desarrollo de software de la entidad financiera, quedaron sin acceso a sus herramientas laborales, sin cobrar el salario del último mes y sin recibir las indemnizaciones correspondientes.
Los empleados, que desempeñaban tareas administrativas, de recursos humanos, diseño y desarrollo tecnológico, denunciaron que las autoridades de la compañía dejaron de responderles y que no recibieron información clara sobre su futuro laboral.
"Nos dejaron sin nada. Ni sueldo del mes corriente ni indemnización. Ningún mensaje a futuro, nadie nos dice nada. El vacío es absoluto y la tristeza es total", relató uno de los trabajadores a medios nacionales.
La empresa opera en Argentina bajo la razón social Kaitel SRL y pertenece al Grupo Vázquez, conglomerado empresarial paraguayo vinculado a Ueno Bank. Según los testimonios, los empleados recibieron como única comunicación una suspensión obligatoria de 30 días y la promesa de mantener temporalmente la cobertura de medicina prepaga.
Protesta y reclamos en Buenos Aires
Ante la falta de respuestas, los trabajadores se autoconvocaron para reclamar el pago de los salarios adeudados y las indemnizaciones correspondientes.
La protesta fue convocada frente a las oficinas de Itti, ubicadas en La Pampa 1445, en el barrio porteño de Belgrano.
Entre las principales preocupaciones también aparece la continuidad de la cobertura médica, especialmente para empleados y familiares que atraviesan tratamientos de salud.
Una crisis bancaria que sacudió al Gobierno paraguayo
El conflicto laboral está relacionado con la intervención de Ueno Bank dispuesta el 2 de noviembre por el Banco Central de Paraguay, luego de detectarse un fuerte deterioro patrimonial e inconsistencias en operaciones financieras.
La entidad tenía alrededor de tres millones de clientes y depósitos por unos 2.836 millones de dólares. Entre sus vínculos financieros figuraban fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), la Administración Nacional de Electricidad y la represa binacional de Itaipú.
El escándalo también tuvo consecuencias políticas. Santiago Peña presentó su renuncia a la Presidencia en medio de los cuestionamientos por sus vínculos con el grupo empresarial y el avance del juicio político en su contra.
La crisis expuso así un impacto que atraviesa fronteras: mientras en Paraguay millones de clientes enfrentan restricciones para operar con sus fondos, en Argentina más de 900 trabajadores reclaman cobrar sus salarios y recibir las indemnizaciones que consideran correspondientes.