La CIDH reclamó que Argentina sostenga las políticas contra la violencia de género, tras el voto negativo a una resolución en la ONU

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó el viernes 15 de noviembre por el “retroceso de políticas de género y de acceso a salud sexual y reproductiva en Argentina”, y reclamó que el país sostenga sus políticas en contra de la violencia contra las mujeres. Lo hizo a través de un comunicado, un día después de que se conociera el voto negativo en la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), con el que Argentina rechazó una resolución conjunta, debatida por 170 países, sobre la prevención y eliminación de todas las formas de violencia contra mujeres y niñas.

“La justificación economicista de los recortes por parte del Gobierno no fue aceptada por la Comisión. Su Presidenta y los comisionados presentes afirmaron la existencia de la violencia de género y remarcaron la necesidad de medidas específicas para atenderla. Lo que no se nombra no existe”, enfatizaron en un texto conjunto los integrantes del organismo. En el informe, difundido el viernes, la CIDH comunicó detalles de una audiencia llevada a cabo el jueves 14 de noviembre, en el que sus miembros le pidieron explicaciones al Gobierno de Javier Milei.

“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH-OEA) convocó al Estado argentino el jueves 14 de noviembre del 2024, a su sede en Washington DC, para explicar la grave regresión en políticas de género, en políticas sobre derechos sexuales y reproductivos y la falta de cumplimiento de compromisos internacionales”. Según explicaron, el llamado se hizo eco de que “organizaciones de la sociedad civil habían solicitado la audiencia con el fin de exponer evidencia sobre este retroceso en materia de derechos de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTIQ+ en Argentina”.

“Durante la audiencia - detallaron-, las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno argentino presentes que den respuestas sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifiquen cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género”.

El resultado fue negativo, de acuerdo a lo informado por la CIDH. “El Gobierno no respondió las preguntas de la Comisión, ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos. Solo se limitó a reconocer la falta de atribución presupuestaria a estas políticas como un error y se comprometió a realizar una adenda al presupuesto nacional”.