El peor gobierno en el peor momento

En los últimos años en todas las regiones del planeta se vienen registrando violentísimas manifestaciones de la naturaleza, especialmente diluvios de intensidades y fuerzas inéditas que arrasan pueblos y vidas.

Un alarmante panorama conocido por todos y en todos lados, que deja en claro la necesidad y la urgencia de que los Estados fortalezcan, a cualquier costo financiero, sus recursos, sus poderes, sus estructuras para actuar rápida y eficazmente cuando suceden estas tragedias; y, antes, para mejorar los sistemas de alerta, para adoptar las medidas que aconsejan los especialistas a fin de que las poblaciones sepan cómo reaccionar en los primeros momentos de la tragedia (inundaciones, terremotos, grandes incendios etcétera).

Y también es claro que los Estados, específicamente los gobiernos nacionales, sigan los consejos de los expertos en cuestiones ambientales que vienen gritando a voz en cuello tratando que los gobernantes escuchen sus advertencias y tomen en serio, inmediatamente, la ineludible necesidad de implementar acciones que puedan hacer que el accionar humano al menos no acelere tanto el cambio ambiental negativo que ya está en curso.

En medio de este tan espantoso como claro panorama ambiental, elegir gobernantes que sin vergüenza alguna proclaman que no les importa el tema ambiental pasa a ser una opción suicida, algo más que una opción política o una cuestión de preferir un modelo económico u otro. En las elecciones presidenciales o parlamentarias en los países en que los parlamentos eligen a quien presidirá su gobierno nacional, se juega directamente la mayor o menor, o ninguna, posibilidad de sobrevivencia ante las reacciones violentas de la naturaleza a corto plazo.

En nuestra Argentina, durante su campaña electoral, el actual presidente se burló repetidamente, sin fundamentos pero con feroz sarcasmo, de los que advierten sobre los peligros del cambio climático. Y ya como presidente adoptó varias medidas que le quitaron al Estado fuerzas y recursos para defender de las agresiones climáticas a los argentinos, a las ciudades y campos y a los sistemas productivos.

A poco de haber asumido este gobierno nacional, una fuerte tormenta azotó la ciudad de Bahía Blanca y el flamante presidente Javier Milei aprovechó la ocasión para reafirmar su promesa de que haría desaparecer al Estado. Sobrevoló, muy de paso, la ciudad atormentada y, sin conmoverse por los angustiantes pedidos de ayuda que hacían los tantos afectados, dijo: “Deberán arreglarse con lo que tienen”. Dejó en claro que el Estado, bajo su gobierno, no está “para esas cosas”. Ahora la motosierra, en forma de violentísimas inundaciones, arrasó Bahía Blanca. Muertes, desapariciones, dramas tremendos, miles y miles de personas que de un momento a otro se quedaron sin nada.

Fue, sí, un fenómeno de la naturaleza; pero, además de la cuestión de si hubo o no obras que pudieron haber hecho menos trágico un hecho así, el mayor peligro ahora es que el Estado nacional continúe por este camino de desestimar los daños que pueden seguir causando estas cada vez más frecuentes reacciones de la naturaleza. Lo que pasó en Bahía Blanca es tan tremendo, que el gobierno de Milei no puede dejar de aportar fondos nacionales para ayudar a los afectados; sin embargo, lamentablemente es seguro que esas ayudas lejos estarán de ser suficientes.

Ayudar en serio a las víctimas de tragedias no está en los planes del presidente Milei. Un presidente cuyo gobierno ya está en un camino de caída respecto a la economía del país, que muchos empiezan a catalogar como el peor gobierno que haya tenido la Argentina. Y en este contexto de trágicos cambios ambientales, el peor y en el peor momento.