Ajuste en discapacidad: organizaciones denunciaron al Gobierno ante la ONU

La crítica situación que atraviesa un universo de más de 1.200.000 personas con discapacidad en la Argentina llegó a Naciones Unidas. Mientras ayer miles de familias y profesionales del área se movilizaron en todo el país para reclamar por la ley de emergencia, diversas organizaciones llevaron el reclamo ante el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU.

Dificultad para el acceso a las pensiones, 0% de aumento para los prestadores desde diciembre del año pasado y desfinanciamiento de programas nacionales llevaron al sector a una crisis sin precedentes.

La denuncia advierte que a fines del año pasado el Gobierno de Javier Milei modificó por decreto los requisitos para el otorgamiento de pensiones por discapacidad (decreto 843/24), para acceder una pensión no contributiva por “invalidez laborativa”, lo que implicó un incumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Argentina, “poniendo en grave riesgo el acceso a derechos básicos por parte de un grupo altamente vulnerado”.

Ocurre que las pensiones no contributivas por invalidez fueron establecidas por la Ley 13.478 sancionada en 1949, hace más de setenta años. Aquella norma fue modificada y reglamentada en 1997 y no tenía una mirada verdaderamente inclusiva de las personas con discapacidad.

El texto ante la ONU advierte que “se basaba en el modelo médico rehabilitador y desconocía las múltiples barreras que enfrentan las personas con discapacidad para ejercer sus derechos, perpetuando la situación de dependencia económica y desconociendo su derecho a vivir con autonomía”.

Diversos fallos judiciales establecieron la inconstitucionalidad de esa norma e instaron al Estado a actualizarla. Sin embargo, el decreto del presidente Milei retoma aquellos conceptos perimidos y reimpone requisitos para acceder a las pensiones que ya fueron declarados inconstitucionales por la Justicia argentina.

La presentación fue realizada por asociaciones de personas con discapacidad y de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional; La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS); Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).