El Gobierno inició la privatización de Nucleoeléctrica Argentina: el Estado mantendrá el 51%

El Gobierno inició la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), un mes después de que se autorizara el proceso. Así, se implementará un “programa de propiedad participada” por el 5% del capital accionario de la empresa, que quedará en manos de los trabajadores, y la venta del 44% de las acciones en bloque mediante una licitación pública de alcance nacional e internacional, mientras que el 51% se lo quedará el Estado. Actualmente, los accionistas de NA-SA son el Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) (20%) y Energía Argentina SA (Enarsa), pero tanto la CNEA como Enarsa transferirán sus acciones a la Secretaría de Energía. La empresa, presidida por Demian Reidel, se encarga de operar las tres centrales nucleares del país (Atucha I, Atucha II y Embalse), que suman una potencia instalada de 1763 MW y aportan aproximadamente el 7% de la energía eléctrica consumida. La Ley Bases la declaró sujeta a privatización, con una valuación estimada de entre u$s560 millones y u$s1000 millones. “La empresa no da pérdidas, es superavitaria y la calificamos como estratégica, impulsando el desarrollo industrial y promoviendo el trabajo argentino”, sentenció Andrés Kreiner, secretario general de la seccional Buenos Aires de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN). “Privatizar NA-SA, entonces, no tiene ninguna justificación ni económica ni técnica y no va a mejorar las condiciones de vida de la gente”, remarcó, y explicó que en el caso de incrementar las ganancias de un inversor privado, se deberá incrementar la tarifa, con lo que “toda esta aventura la vamos a terminar pagando todos”.