El Gobierno vacía al INTI y privatiza controles clave

El Gobierno nacional formalizó el retiro del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) de la verificación de balanzas, surtidores de combustible, alcoholímetros y radares de velocidad, y delegó esas tareas en laboratorios y certificadoras privadas. La medida, publicada en el Boletín Oficial, avanza con el corrimiento del Estado de funciones históricas de control bajo el argumento de eliminar “superposiciones” y agilizar trámites. Las mediciones, que afectan directamente a consumidores y usuarios, quedarán a partir de ahora en manos del mercado, con riesgo de conflicto de intereses y una mayor fragmentación del control público. Bajo el argumento de una “verdadera desburocratización y simplificación” para eliminar supuestos obstáculos al comercio y demoras administrativas, la Resolución 213/2025 dispone el cese de las funciones operativas del INTI en el control de instrumentos clave para la confianza pública y la seguridad. Esta medida implica que el Estado deja de ser el garante directo de la precisión en mediciones que afectan derechos básicos: como el pesaje de productos, la carga en surtidores, el funcionamiento de radares de velocidad  o termómetros clínicos. De esta manera, el Gobierno libertario delegó esas tareas en laboratorios y organismos privados acreditados, mientras que el INTI se retira de la fiscalización territorial para limitarse a un rol de “articulador” y generador de “procedimientos técnicos de referencia”. La resolución oficial detalla en sus anexos una extensa lista de instrumentos de medición esenciales que el INTI dejará de ensayar y certificar directamente, lo que tendrá consecuencias directas en los procesos de aprobación de modelos, verificación primitiva y periódica. Entre los controles más sensibles que se retiran de la órbita operativa estatal se encuentran los surtidores de combustibles, nafta, kerosene y gasoil; las balanzas comerciales, instrumentos de pesar no automáticos; y los taxímetros, herramientas que garantizan la equidad en las transacciones diarias de los ciudadanos. La medida alcanza incluso áreas de salud y servicios básicos, al incluir en el cese de funciones a los termómetros clínicos, tanto de vidrio como electrónicos; y a los medidores de agua potable y energía eléctrica, cuya precisión quedará ahora bajo la responsabilidad de laboratorios y organismos privados. Al disponer que el INTI cese la prestación directa de servicios metrológicos legales, el Gobierno redefine el rol del Estado, que deja de ejercer el control operativo y pasa a concentrarse en la habilitación y supervisión de actores privados que se integran al Servicio Nacional de Aplicación.