El IProDHa intensifica controles y recuperará viviendas no habitadas para reasignarlas a familias en espera

El Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (IProDHa) ratificó su compromiso de garantizar el fin social de las unidades entregadas mediante un endurecimiento de las inspecciones.

El objetivo es claro y trata de detectar inmuebles deshabitados o utilizados irregularmente para ponerlos a disposición de las miles de familias que integran las listas de espera en Misiones.

En este sentido, el presidente del organismo, Juan Carlos Pereira, recordó que la adjudicación conlleva responsabilidades ineludibles. “La vivienda pertenece al Estado hasta que esté totalmente cancelada, y el uso efectivo es una condición fundamental”, remarcó el funcionario.

Tras las entregas, el área social realiza verificaciones de campo. Entre las faltas más graves se encuentran la cesión a terceros, el préstamo a conocidos o la comercialización informal.

“Muchas veces, en lugar de venir al instituto, entregan la llave a otra persona, eso es una irregularidad grave, esas viviendas no están canceladas, no son propiedad del adjudicatario y el instituto tiene la obligación de recuperarlas”, remarcó Pereira.

Asimismo, aclaró que existen excepciones por salud o fuerza mayor, siempre que se comuniquen formalmente para gestionar una guarda temporaria. Cuando la irregularidad se confirma, se inicia un proceso legal que culmina con la desvinculación del beneficiario y un nuevo sorteo orientado a grupos vulnerables o con urgencias habitacionales.

Pese al complejo escenario económico, el plan de obras no se detiene. Se prevén entregas en Oberá para fin de mes y avances en las convocatorias 247, 249 y 250 entre febrero y marzo.

“A las familias que están esperando, transmitirles tranquilidad, a pesar del contexto económico, en Misiones seguimos apostando a la construcción de viviendas”, aseguró Pereira.

Además, el titular del IProDHa instó a los adjudicatarios a mantener el cumplimiento de las cuotas, el cual presenta índices positivos de pago superiores al 85%, asegurando así la retroalimentación del sistema habitacional.