Senado: se debaten la nueva Ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-Unión Europea

El Senado de la Nación Argentina se encamina a cerrar esta semana las sesiones extraordinarias convocadas hasta fines de febrero con una agenda cargada de proyectos sensibles para el Gobierno de Javier Milei.

El plato fuerte llegará mañana, cuando el recinto trate la reforma laboral, que regresó en segunda revisión desde Diputados, y el Régimen Penal Juvenil. Sin embargo, este jueves habrá definiciones clave que el oficialismo espera concretar tras intensas negociaciones con bloques dialoguistas.

En la sesión prevista para hoy se acordó avanzar con la nueva Ley de Glaciares, el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, y el pliego que propone a Fernando Iglesias como embajador ante Bélgica y la UE. Estos dos últimos temas contarían con respaldo suficiente para su aprobación, pero la situación es más ajustada en torno a la reforma de la normativa ambiental.

Números ajustados para la Ley de Glaciares

El bloque libertario reúne 21 senadores propios, lejos de los 37 necesarios para garantizar quórum y media sanción. Si bien el oficialismo logró acompañamientos parciales de sectores de la UCR, el PRO y bloques provinciales, los votos están “muy justos”, reconocen desde el espacio.

Entre los apoyos en análisis figuran cuatro senadores radicales, uno del PRO, tres de Convicción, dos del Frente Renovador de la Concordia Social, uno de La Neuquinidad, uno de Primero los Salteños y uno del bloque Independencia, además de algunos representantes de provincias mineras gobernadas por el peronismo.

El proyecto propone modificar la actual Ley de Glaciares para otorgar a las provincias la potestad de definir en qué zonas puede desarrollarse la actividad minera. De aprobarse, pasará luego a la Cámara de Diputados durante el período ordinario.

Debate ambiental y económico

Desde el Ejecutivo sostienen que los cambios permitirían destrabar inversiones millonarias en proyectos mineros. La norma vigente establece la protección de glaciares y áreas periglaciales como reservas estratégicas de agua dulce, con una prohibición absoluta para actividades extractivas en esas zonas.

Uno de los puntos más discutidos es la definición de “periglacial”, considerada por sectores críticos como demasiado amplia y restrictiva para la minería. La nueva propuesta exige demostrar de manera “relevante” y “comprobable” el aporte hídrico a una cuenca para que un área sea considerada glaciar o periglacial.

Las provincias quedarían a cargo de determinar si una zona constituye una reserva estratégica de agua dulce y de aprobar, o rechazar, los estudios de impacto ambiental presentados por las empresas.

Con negociaciones abiertas y números ajustados, el oficialismo enfrenta una jornada decisiva en el tramo final de las extraordinarias.