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Piden reabrir la causa por el acuerdo con el FMI: Macri, Caputo y Sturzenegger entre los imputados

El fiscal José Agüero Iturbe solicitó a la Cámara Federal revocar el archivo dispuesto por la jueza María Eugenia Capuchetti en la investigación por el megaendeudamiento de 2018 con el Fondo Monetario Internacional.
jueves 05 de marzo de 2026

La decisión de archivar la causa judicial por el acuerdo firmado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional será revisada por la Cámara Federal, luego de que el fiscal ante ese tribunal, José Agüero Iturbe, pidiera revocar el cierre dictado por la jueza María Eugenia Capuchetti.

El planteo respalda la apelación presentada por el fiscal de primera instancia, Franco Picardi, quien cuestionó con dureza el archivo del expediente al considerar que se trató de una “evaluación parcial, desmembrada, sesgada y superficial” de los hechos y de las pruebas reunidas.

En la causa están imputados el expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de su gestión, entre ellos el actual ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, además de otros exintegrantes del área económica.

La investigación se inició tras el acuerdo stand-by firmado en junio de 2018, que contempló un préstamo inicial de 50.000 millones de dólares y luego fue ampliado hasta alcanzar los 57.100 millones, el mayor crédito otorgado en la historia del organismo.

Para Picardi, el endeudamiento habría vulnerado normas constitucionales y administrativas, al no contar con aprobación del Congreso ni cumplir, según su interpretación, con los procedimientos internos obligatorios. El fiscal sostuvo además que parte de los fondos se habrían destinado a financiar un proceso de fuga de capitales, generando un perjuicio económico al Estado que la Sindicatura General de la Nación estimó en más de 29.600 millones de dólares.

La jueza Capuchetti, en cambio, consideró que se trató de una decisión de política económica “no judiciable” y descartó la existencia de desvío o apropiación indebida de fondos, por lo que resolvió archivar el expediente.

Ahora será la Sala I de la Cámara Federal la que deberá resolver si confirma el cierre o reabre la investigación en un caso de fuerte impacto político e institucional.