La CGT advierte que la crisis de las obras sociales es “casi terminal”

La CGT encendió las alarmas sobre el estado del sistema de obras sociales sindicales al afirmar que atraviesa una crisis “casi terminal”, con una “imposibilidad fáctica de brindar servicios asistenciales básicos”.

El diagnóstico surge de un informe elaborado por el secretario de Acción Social, José Luis Lingeri, que fue presentado ante el Consejo Directivo de la central obrera. Allí se advierte que la situación económico-financiera del sistema “está viviendo una crisis grave que para muchas organizaciones es casi terminal”.

Actualmente, las obras sociales brindan cobertura a unos 14 millones de personas en el país, pero enfrentan un fuerte desbalance entre ingresos y costos. Según el informe, el promedio de recaudación es de $67.525 por beneficiario, mientras que el costo del Plan Médico Obligatorio (PMO) alcanzaría los $85.000 per cápita en marzo de 2026.

Esto implica que “más de 11 millones de beneficiarios, es decir el 78,5% del padrón, no aportan lo suficiente para poder financiar el acceso a las prestaciones requeridas por el PMO”, detalla el documento.

Además, la CGT señaló que el sistema se financia con un porcentaje del salario (9%), afectado por una pérdida del poder adquisitivo cercana al 30%, mientras que los costos de salud aumentan por encima de la inflación.

El informe también advierte sobre un deterioro en la calidad de atención, con demoras en turnos, caída en la cadena de pagos a prestadores y malestar entre los afiliados. En ese sentido, se remarcó que “la capacidad de compra de medicamentos se redujo en promedio en el 49%” entre 2018 y 2023.

Otro punto crítico es el impacto de los monotributistas, cuyo aporte ronda los $20.000, muy por debajo del costo del sistema. Según la CGT, esto genera un “agujero financiero”, ya que “utilizan el régimen de monotributo al solo efecto de tener acceso al sistema de salud a precios irrisorios”.

También se cuestionó la situación de los jubilados, ya que el PAMI transfiere $48.269 por afiliado, muy por debajo de lo que recauda.

Por otra parte, se señaló que la facturación de hospitales públicos, especialmente en Buenos Aires, genera distorsiones por valores elevados y falta de controles previos, lo que en muchos casos deriva en judicialización de pagos.

Finalmente, la CGT criticó al Ministerio de Salud por el manejo “inequitativo” de los subsidios, como el SUMA, que distribuye fondos sin discriminar entre obras sociales con diferentes niveles de ingresos.

El documento concluye que el sistema enfrenta un fuerte desfinanciamiento, agravado por medidas recientes que reducen aportes de salarios más altos y por el crecimiento sostenido de prestaciones como discapacidad, que ya consumen más del 75% del Fondo Solidario de Redistribución.