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Los Menem, los más beneficiados de los créditos VIP del Nación: se llevaron casi $600 millones

Sharif y Nazarena Menem
Sharif y Nazarena Menem
miércoles 15 de abril de 2026

Al escándalo por los "créditos VIP" que otorgó el Banco Nación a funcionarios del oficialismo, se añadió el detalle de que sumas millonarias fueron concedidas a dos de los miembros más jóvenes del clan Menem, Sharif y Nazarena, ambos sobrinos de Martín Menem -titular de la Cámara de Diputados-, quienes obtuvieron en total casi $600 millones.

El dato cobró relevancia al trascender que ninguno de los dos contaría con ingresos acorde a lo concedido. Así lo denunció la diputada nacional Mónica Frade, la cual, apuntó que los créditos presentan “claras violaciones a la norma” y advirtió que casos como los de los dos Menem mencionados evidencian posibles beneficios indebidos en el marco de un esquema que ya fue judicializado.

Sharif Menem, de 24 años y con un cargo transitorio en la Cámara de Diputados como community manager, obtuvo un préstamo por $357 millones y percibiría un salario cercano a los $2,5 millones. Por su parte, Nazarena Menem, de 26 y con su única experiencia laboral en la Auditoría General de la Nación bajo la categoría de auxiliar administrativa, accedió a otro por $236 millones.

Lo llamativo, es que lleva menos de cuatro años en su puesto, con un salario que también rondaría los $2,5 millones mensuales, es decir, que alimenta los interrogantes sobre su capacidad crediticia, incluso contemplando la figura de codeudores.

Desde el Banco Nación, su presidente Darío Wasserman aseguró que “no hubo irregularidades ni tratos preferenciales” y sostuvo que todos los beneficiarios cumplieron con los requisitos habituales de evaluación, aunque las denuncias apuntan a posibles excepciones en la relación entre ingresos y cuotas, así como a una presunta discrecionalidad en los otorgamientos.

En total, durante la actual gestión se habrían otorgado unos 27.000 créditos, de los cuales 11.200 fueron destinados a funcionarios, con un promedio de $101 millones, lo que motivó denuncias sobre el uso de una línea pensada para facilitar el acceso a la vivienda.