Universidades convocan a una nueva marcha federal para exigir financiamiento y recomposición salarial

El sistema universitario argentino volverá a movilizarse el próximo 12 de mayo en una nueva Marcha Federal Universitaria, en reclamo por la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento aprobada por el Congreso. La convocatoria fue confirmada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto a gremios docentes, no docentes y organizaciones estudiantiles.

La protesta tendrá como punto central la Plaza de Mayo y marcará la cuarta gran movilización del sector desde la asunción del presidente Javier Milei. Bajo la consigna de defensa de la educación pública, la ciencia y el sistema universitario, el reclamo busca visibilizar el impacto del ajuste presupuestario en las casas de estudio.

Salarios y presupuesto en caída
De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el presupuesto universitario registra un recorte cercano al 30% en comparación con 2023, con proyecciones que podrían alcanzar el 45,6% en los próximos meses.

En paralelo, los salarios universitarios acumulan una pérdida del 43,2% en su poder adquisitivo desde el inicio de la actual gestión. A esto se suma un ajuste del 57,1% en los gastos de funcionamiento, lo que impacta directamente en el dictado de clases, la investigación y el mantenimiento de las instituciones.

Las universidades advierten que la situación ya tiene consecuencias concretas: renuncias de docentes, migración laboral hacia otras actividades y dificultades crecientes para sostener el sistema educativo.

El eje central del reclamo es el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece mecanismos de actualización para salarios, becas y funcionamiento. A pesar de haber sido ratificada por el Congreso tras el rechazo del veto presidencial, el Ejecutivo no avanzó en su implementación.

Además, existen fallos judiciales —en primera y segunda instancia— que ordenan aplicar la normativa, incluyendo una recomposición salarial del 51%. Sin embargo, el Gobierno presentó iniciativas alternativas con aumentos más bajos, del orden del 12,3%, lo que profundizó el conflicto con el sector.

Desde el oficialismo sostienen que la ley no especifica fuentes de financiamiento y podría afectar el equilibrio fiscal, mientras que las universidades remarcan que el ajuste compromete el funcionamiento del sistema público.

La nueva marcha se suma a una serie de protestas, paros y actividades de visibilización que el sector viene realizando desde 2024. La convocatoria apunta a ampliar el respaldo social y reinstalar el debate sobre el financiamiento educativo en la agenda pública.