Discapacidad: familias y trabajadores del sector protestaron frente al Ministerio de Salud contra la reforma impulsada por el Gobierno

Ante un nuevo atropello del Gobierno de Javier Milei contra las personas con discapacidad, se realizó ayer una nueva movilización, junto a organizaciones y familiares, hacia el Ministerio de Salud, que conduce Mario Lugones, con el objetivo de expresar a la población la grave situación que atraviesan las personas con discapacidad y los prestadores que les brindan servicios. Frente al largo reclamo que sostienen contra la vulneración de sus derechos por parte de esta gestión se suma el rechazo al nuevo proyecto de ley impulsado por el oficialismo, que con el argumento de ir contra el fraude de pensiones mal otorgadas amenaza con destruir el sistema en su conjunto.

“Esta iniciativa, que modifica el marco de la Ley de Emergencia en Discapacidad, desvía el foco de la verdadera problemática, la crisis estructural del sistema”, denunció el Foro Permanente Discapacidad, que nuclea a organizaciones del sector. “Mientras se pone en duda el acceso a derechos, el sector atraviesa otras cuestiones como atraso arancelario, pagos irregulares, deudas acumuladas y prestaciones en riesgo. Las personas con discapacidad no son responsables de la crisis. Necesitan respuestas urgentes, no retrocesos”, expresó el Foro.

Si bien el Ministerio de Salud se comprometió a saldar esta deuda durante el mes en curso, «los tiempos de pago continúan siendo excesivamente lentos, lo que impide a los prestadores cumplir con obligaciones básicas como salarios, servicios y proveedores”, expresaron desde la agrupación. “El retraso en los pagos y la falta de actualización de aranceles han generado un daño profundo en todo el sistema: prestadores, trabajadores y personas con discapacidad”, agregaron.

Asimismo, manifestaron que “en muchos casos, los aumentos otorgados fueron absorbidos por la inflación, agravando aún más la situación. Actualmente, los aranceles presentan un atraso cercano al 40%, lo que implica que los valores vigentes no cubren los costos reales de las prestaciones”.

Además informaron que “desde hace tiempo se registran serias deficiencias en la entrega de medicamentos y pañales a beneficiarios de Incluir Salud. Esta situación se ha agravado tras denuncias vinculadas a irregularidades en los procesos de compra. A pesar de haber sido planteado a las autoridades, no se han obtenido soluciones concretas. Por ello, se exige la normalización urgente de estas prestaciones esenciales”.

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad sostiene que “el otorgamiento de pensiones a personas con discapacidad en situación de pobreza responde a una realidad estructural del país, que desde hace más de dos décadas presenta altos niveles de pobreza” y alegan que “esta condición impacta directamente en la salud, el desarrollo y el acceso a derechos básicos”.