Causa Vialidad: ordenan avanzar con el decomiso de bienes de Cristina Kirchner y otros condenados

La Cámara Federal de Casación Penal dispuso avanzar con la ejecución y decomiso de bienes en el marco de la causa Vialidad, incluyendo patrimonio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y de otros condenados.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes rechazaron planteos de la defensa que buscaban frenar la medida.

El fallo alcanza un total de 111 bienes, entre ellos inmuebles vinculados a la ex mandataria, a sus hijos y al empresario Lázaro Báez. Según se detalló, el objetivo es recuperar el dinero fijado en la condena por irregularidades en la obra pública en Santa Cruz.

Los magistrados sostuvieron que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados” y consideraron que no es necesario un rastreo completo del dinero, sino demostrar una vinculación económica razonable con los hechos investigados.

En ese sentido, señalaron que exigir una trazabilidad absoluta “terminaría vaciando de contenido el decomiso” y remarcaron las características de la criminalidad económica, donde los fondos suelen transformarse o mezclarse con el tiempo.

De los bienes alcanzados, uno figura a nombre de Cristina Kirchner y otros 19 corresponden a sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, mientras que la mayor parte —más de 80 propiedades— está vinculada a Báez.

El juez Borinsky expresó una disidencia parcial respecto a los bienes de los hijos de la ex presidenta, al considerar que en algunos casos no estaba suficientemente acreditado su origen ilícito.

La causa se basa en una condena firme que determinó la existencia de un esquema de direccionamiento de la obra pública vial en Santa Cruz, con beneficios económicos para Báez y presuntos retornos vinculados a la familia Kirchner.

En paralelo, la Justicia dispuso que los bienes queden bajo la órbita de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tendrá a su cargo su administración y eventual liquidación.

La defensa de la ex presidenta cuestionó la medida al sostener que parte del patrimonio corresponde a herencias o transferencias previas al período investigado, por lo que considera que no deberían ser incluidos en el decomiso.