La CGT recusó a jueces por la reforma laboral y denunció “beneficios mutuos”

La CGT recusó a los camaristas que habilitaron la vigencia de la reforma laboral al dejar sin efecto la medida cautelar que había frenado su aplicación. Además, denunció presuntas irregularidades en el accionar judicial y reclamó la reposición del amparo.

El planteo sindical puso el foco en el juez Víctor Pesino, al señalar la existencia de “beneficios mutuos” entre el magistrado y el Poder Ejecutivo. Según el escrito, su continuidad en el cargo —tras cumplir 75 años— habría sido impulsada por el Gobierno poco después del fallo favorable a la reforma.

La presentación, firmada por el abogado laboralista Pablo Topet, también reserva la posibilidad de acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina.

El documento cuestiona la actuación de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que dejó sin efecto la cautelar dictada previamente por el juez Raúl Ojeda. Para la CGT, la resolución responde a una “razón desprovista de moral” y evidencia un acuerdo de “beneficios mutuos” entre el magistrado y la administración nacional.

“Ello no deja margen de duda de dos hechos: a) El Sr. Pesino podía ser beneficiado por el Poder Ejecutivo, b) El Estado Nacional, podría ser beneficiado por la actividad del recusado”, sostiene el escrito.

La central obrera afirmó además que la decisión judicial “constituye no solo una conducta contraria a la ética, también una causa objetiva de apartamiento”, al tiempo que cuestionó al Estado por actuar de forma contradictoria con sus propios compromisos institucionales.

En otro tramo, la CGT criticó el levantamiento de la cautelar al considerar que estas medidas buscan proteger a “sectores socialmente vulnerables acreditados en el proceso” y garantizar derechos vinculados a “la vida digna conforme la Convención Americana de Derechos Humanos”.

“La desazón que provoca que ‘jueces con especial versación laboral’ consideren ¿prima facie? que no son socialmente vulnerables quienes trabajan en relación de dependencia (…) es desconocer la ley”, señala el texto.

Asimismo, la organización sindical pidió la nulidad del fallo que restituyó la vigencia de la ley y sostuvo que la Sala VIII no era competente para intervenir, ya que el expediente debía ser tratado por la Sala I.

Por su parte, el dirigente sindical Cristian Jerónimo cuestionó la decisión: “Acabamos de recusar a los jueces por la aberrante suspensión de la cautelar y después la obscenidad que acaban de cometer al otro día”.

Finalmente, la CGT insistió en que la reforma laboral genera “daños tangibles” sobre los trabajadores, al afectar derechos adquiridos, limitar la negociación colectiva y restringir medidas de acción directa como el derecho de huelga.