El Senado acelera una reforma de salud mental que despierta múltiples críticas por las internaciones no voluntarias

El Senado quedó a un paso de emitir dictamen sobre la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental impulsada por el Gobierno, una iniciativa que habilita internaciones “no voluntarias” con criterios más amplios e incorpora al consumo problemático de sustancias dentro de las enfermedades de salud mental, sin contemplar las advertencias de profesionales y organizaciones sobre posibles retrocesos en materia de derechos y abordajes interdisciplinarios.

El oficialismo pretende avanzar esta semana con la firma del despacho en el plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, presididas por Ivana Arrascaeta y Nadia Márquez, tras cerrar una nueva ronda de consultas con especialistas, familiares y organizaciones vinculadas a situaciones de adicciones, suicidio y salud mental. Uno de los aspectos más controvertidos del proyecto es la flexibilización de los criterios para internar personas sin su consentimiento.

La decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, Soledad Cottone, advirtió que “los psicólogos estamos habilitados para evaluar riesgo” y remarcó que “reducir la firma habilitante al psiquiatra implica una descalificación injustificada de nuestra formación”. Cottone también sostuvo que la modificación “introduce una jerarquización normativa que no existe en la formación de grado” y consideró que el proyecto representa “un retroceso de la psicología como disciplina autónoma”, al limitar el funcionamiento de los equipos interdisciplinarios previstos por la ley vigente.