Causa ANDIS: la Justicia ordenó peritar los audios que vinculan a Karina Milei con presuntas coimas

En el marco de la investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el juez federal Ariel Lijo, a cargo temporalmente del juzgado que antes lideraba Sebastián Casanello, ordenó un peritaje oficial sobre las grabaciones de audio donde se menciona el cobro de presuntos sobornos equivalentes al 3% en las compras oficiales de medicamentos de alto costo.

El principal implicado en la causa, el exdirector de la ANDIS Diego Spagnuolo, sostiene que las piezas de audio difundidas a través del canal de streaming Carnaval son falsas. Ante este escenario, la Gendarmería Nacional será la encargada de realizar el estudio informático y acústico para determinar la autenticidad, integridad y procedencia de la prueba digital.

En paralelo, el fiscal Franco Picardi designó a cinco especialistas de la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) para controlar la medida, mientras que las firmas farmacéuticas y los empresarios involucrados en el expediente también sumaron sus propios técnicos.

Red de sobreprecios y desvío de fondos
A pesar de la centralidad mediática de las grabaciones, las autoridades judiciales aclararon que la causa no se sostiene de forma exclusiva en dicho material, sino que cuenta con un andamiaje de pruebas documentales e informáticas independientes. Spagnuolo ya se encuentra procesado sin prisión preventiva por los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado, cohecho pasivo y negociaciones incompatibles, bajo un embargo de 202.000 millones de pesos.

La hipótesis del Ministerio Público Fiscal describe una estructura donde exfuncionarios de la ANDIS direccionaban las licitaciones públicas. La pesquisa detectó sobreprecios millonarios no solo en remedios complejos, sino también en insumos ortopédicos básicos como andadores.

Hasta el momento, la acción penal no avanzó sobre los familiares del Poder Ejecutivo mencionados en las escuchas de streaming. Sin embargo, la investigación avanza sobre los supuestos canales de lavado de dinero de la red corporativa.

Para este miércoles, la fiscalía citó a indagatoria al empresario Alan Pocoví, sospechado de movilizar importantes sumas de divisas y canalizar los fondos desviados del organismo estatal hacia la compra de criptomonedas.