Brasil exigirá a las redes sociales eliminar contenidos ilegales en un plazo de 60 días

La Corte Suprema de Brasil otorgó un plazo de 60 días a las principales plataformas de redes sociales para que adopten medidas destinadas a detectar y eliminar contenidos considerados ilegales según la legislación del país.

La decisión alcanza a empresas como Facebook, Instagram, Google, TikTok y X, que deberán adecuar sus sistemas para responder con mayor rapidez ante publicaciones vinculadas a delitos graves.

La medida surge luego de que el máximo tribunal declarara inconstitucional el Artículo 19 del Marco Civil de Internet, una norma que limitaba la responsabilidad de las plataformas por contenidos publicados por terceros.

Mayor responsabilidad para las plataformas

La resolución ratifica un criterio adoptado por la Corte en 2025, cuando una mayoría de magistrados determinó que las empresas tecnológicas pueden ser consideradas responsables por daños derivados de publicaciones ilícitas, incluso sin una orden judicial previa.

A partir de ahora, las compañías deberán implementar mecanismos capaces de identificar y retirar contenidos relacionados con delitos como apología del terrorismo, racismo, pornografía infantil, incitación al odio, promoción del suicidio y ataques contra el sistema democrático.

Además, deberán ofrecer canales de denuncia más simples y transparentes para que los usuarios puedan reportar publicaciones consideradas ilegales.

Debate sobre libertad de expresión

La decisión reavivó el debate sobre los límites entre la regulación de internet y la libertad de expresión.

Mientras ocho jueces respaldaron la nueva interpretación, tres magistrados votaron en contra y defendieron el sistema vigente, argumentando que la intervención judicial previa brinda mayores garantías para evitar posibles actos de censura.

El presidente del tribunal, Edson Fachin, propuso incluso algunas excepciones para aquellos casos en los que existan dudas razonables sobre la legalidad de los contenidos publicados.

Tensión con las grandes tecnológicas

La medida representa un nuevo capítulo en la disputa entre el Estado brasileño y las grandes compañías tecnológicas, en un contexto en el que el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva impulsa mayores controles sobre las plataformas digitales.

El fallo también generó repercusiones internacionales y reavivó discusiones con sectores políticos de Estados Unidos, que han cuestionado algunas iniciativas regulatorias impulsadas por Brasil en materia de redes sociales.

Las nuevas reglas comenzarán a aplicarse una vez finalizado el plazo otorgado por la Corte para que las empresas adapten sus sistemas a las exigencias establecidas por la Justicia brasileña.