Denuncian a Lilia Lemoine por presuntas irregularidades en su declaración jurada

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Lilia Lemoine, quedó en el centro de una polémica tras la presentación de dos denuncias judiciales que cuestionan la información consignada en su declaración jurada y el presunto uso de recursos públicos para solventar gastos de su defensa legal.

Las denuncias fueron impulsadas por Facundo Pérez Ernst, Rodrigo Fronzo, Stefanía Conesa y Andrea Albarracín, quienes señalaron presuntas inconsistencias en la documentación patrimonial presentada por la legisladora.

Según los denunciantes, la diputada no habría presentado la declaración jurada inicial que deben entregar los funcionarios públicos dentro de los primeros 30 días hábiles posteriores a la asunción del cargo. Lemoine asumió como diputada nacional el 10 de diciembre de 2023.

La única declaración presentada correspondería al período 2023 y, de acuerdo con la documentación observada, consignó no poseer bienes, deudas, gastos personales ni patrimonio.

Sin embargo, los denunciantes sostienen que registros de la Central de Deudores del Banco Central reflejarían una situación diferente. Según esos datos, al 31 de diciembre de 2023 Lemoine mantenía deudas por aproximadamente 502 mil pesos con distintas entidades financieras.

“El problema no es que haya tenido deudas, sino que no las declaró”, afirmó el abogado Facundo Pérez Ernst al referirse a la presentación judicial.

La controversia también alcanza a una propiedad heredada de su madre. Los denunciantes consideran que la legisladora debió informar los derechos sucesorios vinculados al inmueble, aun cuando el proceso sucesorio no estuviera concluido.

Además, una persona que declaró bajo reserva de identidad aseguró que existirían otros inmuebles vinculados a la diputada en las localidades de Belgrano e Ituzaingó. Esa información todavía no fue corroborada por la Justicia.

Otra denuncia por un contrato en Diputados

El segundo expediente judicial surgió a partir de declaraciones públicas de la propia legisladora, quien habría manifestado que los honorarios de su abogado penalista eran abonados mediante un contrato de asesoramiento dentro de la Cámara de Diputados.

La causa quedó a cargo del juez Ariel Lijo, quien convocó a los denunciantes para ratificar la presentación. La investigación busca determinar si existió un uso indebido de recursos públicos para afrontar gastos privados.

Según los denunciantes, tras la presentación judicial el abogado dejó de representar a la diputada y anunció su desvinculación del Congreso, aunque esa situación aún no fue confirmada oficialmente.

La respuesta de la defensa

Consultado sobre las acusaciones, el abogado Hernán Seivane rechazó las irregularidades denunciadas y sostuvo: “Cuando la fiscalía diga que hay algo raro, contestaré. De momento no hay nada”.

Además, se refirió a las presuntas inconsistencias patrimoniales al señalar: “No soy contador, oportunamente hablaré con un contador en caso de que haya algún error material en la misma”.

Las denuncias continúan en etapa de investigación y serán analizadas por la Justicia para determinar si existieron irregularidades en la información patrimonial presentada por la legisladora.