La Ley de lobby de Milei suma rechazos y se complica su tratamiento en Diputados

Organizaciones de la sociedad civil, cámaras empresarias y especialistas expusieron ayer múltiples críticas al proyecto de Ley de lobby impulsado por el Gobierno de Javier Milei y pusieron en evidencia las dificultades que enfrenta la iniciativa para avanzar en Diputados, un escenario que llevó al propio oficialismo a ralentizar el tratamiento de una propuesta que inicialmente buscaba dictaminar y llevar al recinto antes de fin de mes.

La propuesta, que crea un régimen de transparencia y publicidad de la gestión de intereses, había sido diseñada por la Casa Rosada con la intención de obtener dictamen esta semana y llevarla al recinto el próximo 24 de junio.

Sin embargo, la acumulación de observaciones durante las reuniones informativas llevó al propio oficialismo a moderar sus expectativas y extender el debate parlamentario. El director ejecutivo del centro de estudios Fundar, Martín Reydó, fue una de las voces más críticas durante el debate al advertir que, tal como está redactado el texto, “todos somos lobistas hasta que se demuestre lo contrario”.

Según planteó, la definición de gestión de intereses es tan amplia que termina equiparando la actividad de las grandes corporaciones con las acciones de incidencia de organizaciones civiles, además de generar un esquema excesivamente burocrático.

Las críticas también llegaron desde el sector empresario. El director de Servicios de ADIMRA, Gustavo Corradini, señaló que la iniciativa no logra diferenciar con claridad la actividad de lobby corporativo tradicional de los intercambios técnicos que mantienen las cámaras industriales con funcionarios.  

En la misma línea, representantes de Confederaciones Rurales Argentinas, de la Fundación Vida Silvestre y de la Asociación Argentina de Ética y Compliance coincidieron en que el proyecto corre el riesgo de obstaculizar formas legítimas de participación ciudadana.

También alertaron sobre la carga administrativa que implicarían los reportes obligatorios y las inscripciones permanentes para actividades que no necesariamente persiguen beneficios económicos directos.