Senado: La Libertad Avanza y sus aliados convocaron a una sesión para tratar 36 pliegos judiciales

El bloque de La Libertad Avanza junto a sus aliados políticos buscará aprobar el jueves en el Senado la prórroga por cinco años del mandato del juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, Víctor Pesino.

El magistrado cobró relevancia pública tras respaldar la posición del Gobierno sobre la reforma laboral al rechazar un recurso de amparo presentado por la CGT.

El oficialismo mantiene una extrema urgencia en el tratamiento de este pliego legislativo debido a que debe ser aprobado antes de que el camarista cumpla 75 años el próximo 27 de julio; de lo contrario, el magistrado se verá obligado a iniciar sus trámites de jubilación.

Frente a este escenario y con el objetivo de evitar la pérdida de su cargo, el propio Víctor Pesino presentó un recurso de amparo para continuar ejerciendo funciones en la cámara mientras la Cámara Alta avanza con la convalidación de su nuevo mandato.

Durante la jornada parlamentaria está previsto sancionar un total de 36 pliegos de candidatos a jueces, fiscales y defensores. Con estas designaciones, el Poder Ejecutivo habrá conseguido nombrar 110 cargos en los últimos meses, cubriendo el 30% de las 300 vacantes existentes en el Poder Judicial.

Causas de alto impacto y vínculos con la “familia judicial”
Entre las postulaciones más destacadas del temario se encuentra la de Juan Rodríguez Ponte, propuesto para el Juzgado Federal de Primera Instancia en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora.

Dicho juzgado se encuentra actualmente vacante y es subrogado por el juez de Quilmes, Luis Armella. En esa dependencia judicial se tramitan expedientes de alta sensibilidad política y económica: La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el exintendente Martín Insaurralde y su ex pareja. La causa de la firma Sur Finanzas, donde se pesquisa una red de lavado de dinero y defraudación millonaria que involucra a la AFA y a diversos clubes de fútbol.

Juan Rodríguez Ponte, quien se desempeña como titular de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, es esposo de la fiscal Alejandra Mangano y yerno del secretario de la jueza María Romilda Servini de Cubría, por lo que su postulación es leída en el Congreso como un claro guiño a la denominada familia judicial.

Asimismo, se incluyó el pliego para otorgar un nuevo mandato por cinco años al juez federal de Primera Instancia N° 2 de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, un reconocido magistrado de esa provincia cuyana según indicaron fuentes oficiales del Gobierno.