Ley de Tierras: pequeños agricultores alertan que puede destruir la soberanía alimentaria

El gobierno de Javier Milei avanza con la derogación de la Ley de Tierras Rurales (26.737), con el argumento de que las restricciones a la compra de tierras por extranjeros desincentivan la inversión.

La iniciativa, presentada como “Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, se tratará en el Senado. Organizaciones sociales y campesinas advirtieron que el proyecto amenaza la producción de alimentos, la diversidad territorial y la soberanía nacional.

Además, señalaron que la eliminación de límites favorece la concentración y acelerar desalojos a campesinos y pequeños productores. En paralelo, pueblos originarios denunciaron que se profundiza la inseguridad jurídica sobre territorios ancestrales. 

Desalojos de campesinos
El proyecto que lleva la firma del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, modifica el Código Civil para acelerar desalojos, limita la capacidad del Estado de expropiar tierras y deroga artículos de la Ley de Manejo del Fuego.

Para organizaciones de pequeños productores y campesinos esto otorga más poder a quienes poseen la tierra pero no la trabajan y quita cualquier posibilidad de seguir ejerciendo la soberanía nacional sobre las tierras como también nuevos corrimientos de los territorios campesinos e indígenas por parte de corporaciones transnacionales.

Para Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), el problema no es solo la aceleración de los procesos judiciales, sino la legitimación de una deuda histórica con comunidades campesinas e indígenas que nunca pudieron regularizar sus tierras.

“Hay una deuda histórica con los sectores originarios y campesinos, que se ha trabado mucho en la posibilidad de regularización dominial. Algunas comunidades tienen títulos, pero un montón no. Y esto estamos hablando de todos los gobiernos”, señaló.

En su análisis, el peligro radica en que la nueva normativa habilita a terratenientes y corporaciones a reclamar tierras con papeles dudosos y obtener desalojos en plazos breves, lo que profundiza la inseguridad jurídica de quienes producen alimentos.